«Il n‘y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé»
Colombia sufre desde hace décadas un grave conflicto social, político y armado1. Es de anotar que numerosas empresas transnacionales están implicadas de una u otra manera en el conflicto, colaborando con las fuerzas de seguridad estatales y privadas, e incluso con los grupos paramilitares. A pesar de la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares respaldados por el ejército, paramilitares aparentemente desmovilizados continúan matando y amenazando a defensores de derechos humanos2. Las empresas transnacionales no sólo se hacen cómplices de las violaciones de los derechos humanos, sino que también estimulan la corrupción y socavan el Estado de derecho al no respetar la legislación nacional e internacional. En el marco de la presente declaración*, intentaremos examinar el caso del consorcio de empresas transnacionales dueñas de la mina de carbón El Cerrejón en este país.
Las empresas transnacionales dueñas del Cerrejón
El Cerrejón es la empresa operativa de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, ubicada en el departamento de La Guajira al noreste del país. La compañía El Cerrejón es el resultado de la fusión empresarial entre BHP Billiton plc (Australia), Anglo American plc (El Reino Unido), y Xstrata (Suiza).3
Desplazamientos forzados de comunidades indígenas y afrocolombianas
Desde que la mina El Cerrejón inició sus operaciones en 1983, su operación y la constante expansión del proyecto han generado el desplazamiento forzado de comunidades indígenas wayuu4 y afrocolombianas en la región. La presencia histórica de los wayuu en la península de la Guajira data hace más de 3000 años y la de los afrocolombianos de unos dos siglos.
En septiembre de 1981, gran parte del territorio ancestral de la comunidad wayuu de Media Luna fue usurpado para construir el Puerto de Embarque del Carbón de El Cerrejón. La empresa minera y la comunidad se enfrentaron en una negociación de fuertes discusiones y amenazas físicas, para lograr una justa indemnización que le permitiera reubicarse en otro lugar y trasladar los cementerios. La comunidad cedió finalmente, sin tener éxito en sus expectativas. De igual manera fueron destruidas y reubicadas en el 1991 las comunidades Caracolí y Espinal que comprendían 1000 hectáreas de tierras y donde vivían 350 personas wayuu.
La despoblación más grande, hasta ahora, en el contexto del Cerrejón, tuvo lugar en agosto de 2001 cuando la compañía Intercor, en conjunto con las autoridades locales, obligó a salir de su territorio ancestral a familias afrocolombianas, aproximadamente mil doscientas personas que habitaban en el corregimiento5 de Tabaco. Desde el 1997, las empresas asociadas Carbocol-Intercor han propuesto a los pobladores de Tabaco de entregarles una cierta cantidad de dinero para que individualmente desalojen y cedan los derechos sobre el territorio. Propuesta que carece de responsabilidad social y que divide la comunidad entre los que vendieron y se fueron, y otro sector que resiste abandonar la región y busca una reubicación de la población, con el ánimo de conservar su unidad social y el deseo de continuar con un destino común, conservando las tradiciones agrícolas y ganaderas que les han permitido sobrevivir. Para desalojar a los que no aceptaron la mísera compensación monetaria que les ofrecieron , la empresa utilizó presiones tales como la suspensión de los servicios públicos y domiciliarios, quema del cementerio y de algunas viviendas, prohibición del tránsito en el territorio, desvío del agua del río para beneficio de la compañía, entre otros. El brutal desalojo se produjo con apoyo de la Fuerza Pública y en presencia de funcionarios de la Fiscalía.
En el caso de Tabaco, empresas transnacionales, con la anuencia, la complicidad, la solidaridad de funcionarios del Estado Colombiano, se hicieron responsables del saqueo, de la expoliación y del desplazamiento forzoso de todo el corregimiento. Muchos de los pobladores de Tabaco nunca vendieron a las empresas sus derechos de propiedad, aun así, sus casas y sus enseres fueron destruidos. Otros vendieron, pero las presiones que acompañaron las negociaciones le quitan todo carácter libre y toda legitimidad a la venta. Ante tan alarmante situación la comunidad adelantó una serie de acciones jurídicas tendientes a proteger los derechos que les asisten. Fue así que en mayo de 2002 la Corte Suprema de Justicia ordenó al Alcalde Municipal de Hatonuevo (Guajira) de reconstruir Tabaco en un lugar adecuado.6 A pesar de que la Junta Pro Reubicación de Tabaco ha identificado un terreno apto y tiene conceptos muy claros sobre como reconstruir el pueblo, el fallo que tutela los derechos de los pobladores del desaparecido Tabaco no se ha cumplido. Las empresas transnacionales que poseen Carbones del Cerrejón deberían indemnizar la comunidad con el fin de permitirles comprar este terreno y reconstruir Tabaco. En la actualidad, las condiciones de vida de la comunidad se ven cada día más deterioradas a causa del desplazamiento, así como la identidad étnica y cultural del ancestral pueblo.7
Deterioro de las condiciones de vida de comunidades cercanas a la mina El Cerrejón
Con miras a expandir sus operaciones, El Cerrejón publicó en enero de 2007 su intención de entrar en negociaciones con tres pueblos – Chancleta, Roche y Patilla – situados en la cercanía de la mina sobre el desplazamiento de los mismos. Sin embargo, a pesar de las promesas de la empresa de iniciar negociaciones colectivas transparentes con miras a recompensar y reubicar a las personas, tales negociaciones aun no han comenzado, ni se sabe cuando eventualmente empezarían. Mientras tanto sigue aumentando la presión sobre los pobladores para obligarlos a vender individualmente su tierra y sus pertenencias a precios desfavorables para ellos. Dado la precaria situación económica de los habitantes, son cada vez más las familias que ante la desesperante situación deciden vender. De esta forma, se socava la unidad y la autodeterminación de las comunidades, quebrando su voluntad de resistencia. La situación de los dos pueblos más cercanos de la zona de explotación es particularmente preocupante. Roche está a punto de ser desalojado para dar campo a la expansión de la mina, y es urgente encontrar soluciones colectivas y satisfactorias para los habitantes de este pueblo. También es de especial preocupación la situación de Tamaquitos, un pueblo wayuu que se encuentra también en las cercanías de la mina. No está en peligro de ser desalojado, sin embargo se encuentra actualmente aislado, puesto que las fincas cercanas ya han sido adquiridas y ocupadas por las mineras, además de la citada desaparición de Tabaco con quien interactuaban social y económicamente. Esto hace que no hayan fuentes de trabajo, ni zonas para cultivar y criar animales. A la comunidad le resulta difícil seguir subsistiendo porque no tiene acceso al transporte público, ni a la educación, ni a los servicios de salud, ni acceso a las fuentes de alimentación. Los actual dueños del Cerrejón han sido indiferentes ante la comunidad y no están interesados en negociar con ellos. En total, tanto los desplazados de Tabaco como los habitantes de Roche, Chancleta, Patilla y Tamaquitos se encuentran en una situación muy crítica.
Las operaciones de la mina El Cerrejón contribuyen al deterioro del estado general de salud y a la contaminación ambiental
En el departamento de La Guajira al norte-oriente colombiano, el grupo indígena wayuu y las comunidades afrocolombianas que viven cerca de la mina de carbón de El Cerrejón han sido históricamente oprimidos y siguen luchando para sobrevivir y mantener sus comunidades. Como si fuera poco, el aire en la zona está contaminada con partículas de la inmensa mina de carbón a cielo abierto. Se sospecha que esta situación contribuye a los procesos de enfermedad y muerte prematura. Los habitantes dicen que las aguas de los arroyos y ríos usadas por las comunidades en la zona de El Cerrejón están contaminadas. El aire que respiran está contaminado por altos niveles de partículas. La contaminación ambiental seguramente forma parte de los factores contribuyentes a la pobre salud e incapacidades que afectan los habitantes de esta parte de La Guajira.8 Hay una alta probabilidad que la gente de la zona sufra de desnutrición. Están empobrecidos, y han sido privados por los agentes de la Compañía de Cerrejón de la tierra que anteriormente usaban para criar ganado. Efectos psicológicos adversos relacionados con la proximidad cercana de las fuerzas de seguridad privadas, unidades de la Armada Nacional y paramilitares se pueden entender como experiencias opresivas en otras condiciones semejantes.9 El aislamiento se constituye en un impedimento para que los residentes de zonas rurales en La Guajira tengan acceso al derecho básico a la salud.
Conclusión
Contrariamente a las afirmaciones de la empresa, según las cuales ésta se esfuerza por ser un modelo en el ámbito de los derechos humanos y destaca en el desarrollo social de las regiones donde opera10, esta exposición muestra que el consorcio compuesto por Anglo American, BHP Billiton y Xstrata que es dueño del Cerrejón se burla de los derechos de las poblaciones indígenas y afrocolombianas que sufren bajo la explotación de carbón en sus territorios ancestrales. Existe actualmente un hostigamiento sistemático por parte del Cerrejón en las comunidades cercanas de la mina que consiste en la compra inicial de las tierras productivas de cada región, ocasionando con ello un encerramiento a cada población y acabando con las fuentes de trabajo de estas poblaciones. Además, la contaminación del medio ambiente y de fuentes de agua y de comida para el ganado contribuye en efectos sumamente adversos, a corto o largo plazo, para la salud de la población en cercanía de la mina. Según los índices de pobreza y miseria establecidos par las Naciones, Unidas estas poblaciones están muertas en vida, ya que no tienen las condiciones mínimas necesarias para subsistir padeciendo un atropello constante y violación de los derechos humanos por parte de la empresa Cerrejón.
Cabe precisar que las tres empresas transnacionales mencionadas han todas adherido al Global Compact, sin embargo es obvio de que no respeten los términos de este compromiso. Esta situación demuestra una vez más que los códigos voluntarios son inconsistentes, ineficaz e inadecuados. Por esa misma razón, es indispensable la existencia de un marco jurídico aplicable a las actividades de las transnacionales a nivel internacional.
En visto de lo precedente, el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM) y la Asociación Americana de Juristas (AAJ) solicitan :
– ante el Gobierno colombiano para que éste ejerza su deber de respetar y hacer respetar las normas internacionales en materia de derechos humanos, así como la legislación nacional relacionada con las empresas transnacionales que operan en su territorio, en general, y la relacionada con Anglo American, BHP Billiton y Xstrata en particular;
– ante los gobiernos de Australia, Reino Unido y Suiza para que velen por que sus empresas que operan en el exterior respeten los derechos humanos y que las investigue en caso de violaciones de estos derechos;
– ante el Consejo de Derechos Humanos para que crea un grupo de trabajo, con el objetivo de examinar y adoptar las normas para las empresas transnacionales adoptadas en el 2003 por la anterior Sub-Comisión para la promoción y la protección de los derechos humanos, y para que prevé un mecanismo de seguimiento.
