La contaminación de las bases militares ocupadas por los Estados Unidos en Panama

11/11/1999
Subcomisión de los Derechos Humanos

Intervención al tema 2 : cuestión de la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en cualquier parte del mundo.



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El Centre Europe-Tiers Monde (CETIM) y la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (CODEHUCA), en su presente intervención conjunta, ante esta honorable Asamblea, han recibido información de parte del Centro de Capacitación Social de Panamá, y quieren dejar sentada su preocupación ante la grave contaminación ambiental existente en territorio panameño. Esta contaminación tuvo lugar durante los años de permanencia en dicho país y, en flagrante violación a las disposiciones de los Tratados Torrijos-Carter que establecen que los Estados Unidos deben dejar limpias, libres de peligros para la vida, la salud y la seguridad humana las áreas ocupadas militarmente por ellos en su historia de permanencia en Panamá.

Asimismo, dejamos sentada nuestra denuncia y preocupación por la renuencia del Gobierno de los Estados Unidos de cumplir dicho compromiso aduciendo que no existe un método apropiado para ello, cuando sabemos que es una potencia que cuenta con las más altas tecnologías para realizar esa acción y cualquier otra que requiera equipos sofisticados, pero como no es su ?seguridad nacional? la que está en juego, pretende darse el lujo de incumplir sus compromisos internacionales, sin importarle la contaminación de los terrenos revertidos y por revertir, ocupados por el ejército norteamericano en territorio panameño.

Hasta hace poco, existían cerca de 17 mil hectáreas ocupadas por polígonos de tiro y las bases militares; siete mil de estas hectáreas se encuentran identificadas por autoridades del ejército de los Estados Unidos como áreas de impacto de alto riesgo. Las autoridades norteamericanas se muestran renuentes de limpiar 3,175 hectáreas, aduciendo que no existe un método apropiado para ello.

En esta situación se encuentra el Centro Experimental de Piña, localizado en el Caribe panameño, Nuevo Emperador, Balboa Oeste y la isla de San José; ésta última localizada en el Pacífico, a pocos kilómetros de la capital.

El 30 de junio de 1999, el Presidente de la República de Panamá, Dr. Ernesto Pérez Balladares definió la posición del gobierno panameño en torno a este conflicto con estas declaraciones: ?Panamá recibe todas las áreas que formaban la antigua Zona del Canal, sin excluir aquellas que se encuentran contaminadas. Sin embargo, recibir las áreas en mención no implica reconocimiento alguno de que los Estados Unidos hayan dado debido cumplimiento a las responsabilidades emanadas de los Tratados Torrijos-Carter, en el sentido de entregar las tierras habiendo removido los peligros para la vida, la salud o la seguridad humanas; al contrario la República de Panamá de ningúna manera renunciará a su derecho de recibir áreas descontaminadas y seguras para sus habitantes, ni libera a los Estados Unidos de las responsabilidades e indemnizaciones para con las víctimas por hechos que pudieran surgir por causa de la contaminación?.

Entre 1979 y 1996, unos 21 panameños murieron a causa de la contaminación del ejército de Estados Unidos en Panamá, víctimas de las municiones sin detonar que se encuentran en las áreas ocupadas por el ejército de los Estados Unidos en sus prácticas militares. Al revertir los bienes canaleros, el gobierno y pueblo panameño exigen que se limpie esa herencia mortal.

Es necesario que la opinión pública nacional e internacional conozca la problemática de manera más diáfana y transparente, que el pueblo panameño esté debidamente informado y que las autoridades y las organizaciones sociales de ese país puedan conseguir la suficiente solidaridad internacional para lograr comprometer al gobierno y ejército norteamericano en un proceso de limpieza integral de las áreas utilizadas por ellos en sus prácticas militares.

Nos hacemos eco de las denuncias hechas por el Fellowship of Reconciliation, organismo no gubernamental, estudioso de este tema en Panamá, quien ha asegurado ?que durante sus estudios en Panamá, en julio de 1997, el experto en descontaminación de sitios militares Rick Stauber, excontratista del Pentágono, denunció que en este país el Comando Sur realizó pruebas con uranio empobrecido y luego trató de ocultar las evidencias.?

El gobierno de Estados Unidos tiene la obligación de informar debidamente a Panamá y al mundo sobre la condición ecológica de cada instalación devuelta, para que los panameños puedan tomar decisiones sensatas sobre el uso que deba darse a esas áreas.

Igual condición atraviesa el pueblo puertorriqueño con la contaminación en la Isla de Vieques, donde su población formó un escudo humano para impedir las prácticas militares que llenan de contaminación el ambiente y los terrenos de la isla borinqueña, ocasionando con este tipo de prácticas daños a la salud humana y al entorno ambiental. En Centroamérica, también están afectados por los desechos militares del ejército de los Estados Unidos, Honduras en su zona atlántica, en la Base de Palmerola y el Golfo de Fonseca en el Océano Pacífico donde se perjudica a El Salvador, Nicaragua y Honduras.

Es por todo lo anteriormente expuesto que CETIM y CODEHUCA demandan al gobierno de los Estados Unidos el cumplimiento de sus responsabilidades con los pueblos centroamericanos y caribeños y, en especial con el pueblo y gobierno de Panamá con lo cual deben acatar lo establecido en los Tratados Torrijos-Carter, referentes a la descontaminación de las bases militares ocupadas por ellos, devolviendo áreas aptas y seguras para el desarrollo humano.

Exigimos igualmente el cumplimiento por parte del gobierno norteamericano de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción que ha sido firmada y ratificada por Estados Unidos y Panamá.

Por lo expuesto, Señor Presidente, solicitamos a la Subcomisión EXHORTAR al gobierno de los Estados Unidos a cumplir sus compromisos internacionales y DEMANDAMOS en base a este convenio una inspección internacional, integrada por altas autoridades internacionales entre ellas Doña Fatma-Zohra Ksentini, Relatora Especial sobre el vertimiento ilícito de productos y desechos tóxicos y peligrosos , para que efectúen una visita in situ y rindan un informe que arroje un diagnóstico adecuado y deslinde las responsabilidades que tiene el gobierno de los Estados Unidos con el pueblo y gobierno de Panamá. Todos los puntos señalados anteriormente se constituyen en elementos fundamentales que contribuirán a construir las nuevas relaciones entre ambos países de cara al nuevo milenio.

Gracias Señor Presidente.


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