Red Global frente a la impunidad corporativa condena la detención de Julian Assange

El CETIM es miembro de La Campaña Global para reivindicar la soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a su impunidad. La Campaña expresa su más profunda preocupación ante el arresto de Julian Assange el 11 de abril de 2019, en la Embajada de Ecuador en Londres. La Campaña hace un llamado al gobierno del Reino Unido exigiendo su libertad y su no extradición a los Estados Unidos.

El mismo día de su arresto, Julian Assange fue sometido a un juicio express donde un tribunal británico declaró su culpabilidad por violar la libertad condicional, una pena que podría ascender a doce meses de cárcel. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, ha calificado la detención como arbitraria, subrayando que, de ser extraditado a los Estados Unidos, no solo se expone a graves violaciones de derechos humanos, sino que posiblemente corre peligro su propia vida. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno británico que no extradite a Assange a los Estados Unidos porque podría enfrentar condiciones que lo expondrían a la tortura. De acuerdo con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el procesamiento de Assange en dicho país sería inconstitucional, además de que sentaría un peligroso precedente para el periodismo que publica información vital clasificada. Desde la Campaña Global, en tanto que red global de más de 200 movimientos, sindicatos, organizaciones sociales y comunidades afectadas por las empresas transnacionales, reconocemos el gran valor del trabajo desplegado por Wikileaks.

Por ello:

DENUNCIAMOS:

Que la entrega de Julian Assange al gobierno del Reino Unido por parte del gobierno de Ecuador supone una violación de sus obligaciones en materia de derechos humanos consagradas en el Derecho Internacional.

Que viola, además, la Opinión OC-25/2019 de la Corte Interamericana de DDHH y la Resolución MC-54-19 de la CIDH de marzo de 2019 que obliga al Ecuador a “no deportar, devolver, expulsar, extraditar o remover de otro modo” a Assange de la embajada.

Que los motivos que han sido alegados por el Gobierno de Ecuador para fundamentar la devolución de Julian Assange – tales como el incumplimiento de las medidas del protocolo de convivencia-, en el caso de que fueran ciertos, no se encuentran establecidos en ninguna norma internacional, de modo que la expulsión y la finalización de la protección especial es un medida arbitraria, no amparable en el principio de soberanía.

Que la retirada del estatus jurídico de la condición de asilado y la supuesta retirada de la nacionalidad ecuatoriana de Julian Assange por parte del Estado de Ecuador, lo someten a una situación de especial falta de protección de sus derechos fundamentales, respondiendo de manera pública y notoria a una estrategia política de complacencia de Ecuador hacia los Estados Unidos. El acercamiento entre los dos países se evidencia por ejemplo en el caso Chevron, en el que el gobierno de Ecuador parece haber aceptado el contenido del laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje de la Haya en agosto de 2018, que implica dar la espalda a las miles de afectadas y mantener la impunidad de la empresa. Dicho laudo es inconstitucional e inaplicable en Ecuador.

Que todo lo anterior supone una violación flagrante de los derechos fundamentales de Julian Assange al poner en peligro la garantía y la protección de sus derechos a la vida, a la integridad física y mental, a la libertad de expresión e información y al debido proceso.

Que ninguna de las circunstancias de motivaron en su día el reconocimiento del estatus jurídico de asilado de Assange han cambiado y que, como ha señalado el abogado coordinador de su defensa, Baltasar Garzón, “la amenaza contra Julian Assange por razones políticas” y la “persecución desde EE UU” está “más vigente que nunca”.

Horas después del arresto de Assange, Ecuador detuvo al experto en privacidad digital y código abierto, Ola Bini, acusado de “desestabilización” del gobierno ecuatoriano. Resulta evidente que las detenciones suponen una medida de castigo hacia quienes denuncian la corrupción y los abusos de poder, y sientan un peligroso precedente contra el derecho a la información y la libertad de expresión, fundamentales para el funcionamiento de cualquier democracia. En este sentido, los y las profesionales de la información que cubren el caso deberían ser hacerse eco de ello, teniendo en cuenta que el relator de la ONU para la libertad de expresión, David Kaye, ha afirmado recientemente que “perseguir a Assange es peligrosamente problemático desde la perspectiva de la libertad de prensa”.

DEMANDAMOS:

• Al Gobierno del Reino Unido: que deje en libertad a Julian Assange y no permita en ningún caso y bajo ninguna circunstancia su hacia los Estados Unidos.
• Al Gobierno del Ecuador: la inmediata puesta en libertad de Ola Bini.