Entrevista con Federico Pacheco dirigente del SOC-SAT (Andalucía, España)

07/04/2015

Aprovechando su presencia en noviembre en Ginebra para participar en las consultas informales sobre los derechos de los campesinos, el CETIM se ha entrevistado con Federico Pacheco, dirigente del Sindicato de obreros del campo de Andalucía (España) y miembro de La Vía Campesina, sobre el derecho a la tierra.

P.: Federico, ¿puedes explicarme en pocas palabras de dónde viene esta demanda del derecho a la tierra?

R.: Se trata de luchas campesinas históricas que ya llevan muchos siglos, debido a todas las situaciones en las que los campesinos han sido privados de la tierra por los sistemas sociales, económicos, y por muchas otras causas. Actualmente, existen todavía grandes concentraciones de tierra, los latifundios. Aquí en Europa, por ejemplo en Andalucía de donde vengo yo, ya vienen de varios siglos atrás. Y en el mundo en general siempre ha existido esta situación, ¿no? grandes empresarios o  los estados o distintas instituciones que han acaparado la tierra y que han esclavizado a los campesinos. Actualmente, a partir de esas desigualdades que existen en la gran mayoría de los países del planeta, hay una ofensiva enorme del capital neoliberal que es lo que llamamos el acaparamiento de tierra, que son las compras de millones de hectáreas, sobre todo en África pero también en los demás países, en todos los continentes. Y en Europa sobre todo en los países del Este donde, a partir de este año, en que se ha liberalizado el mercado de la tierra. Aparte de eso, en Europa es muy importante el hecho de que, al haberse mercantilizado la tierra, ésta ya es un bien de intercambio, de consumo que está en el mercado. Existe un fenómeno que es el cambio de uso de la tierra. Es decir, todo lo que se dedica a la urbanización, a los proyectos de grandes infraestructuras -proyectos inútiles como los llamamos-, o a la siembra de biodiesel o de otros productos que no están dedicados a la alimentación, o a la minería, sobre todo lo que se refiere al “fraking”. Todos esos fenómenos hacen que se les quite a los campesinos la disposición de la tierra como tal. Todo eso hace que están desapareciendo los pequeños campesinos y que los trabajadores sin tierras. Y ocurre eso en la situación de desempleo que existe en España sobre todo, y en Europa en general, mientras que la agricultura podría ser una salida a su supervivencia. Por todas estas razones, el acceso a la tierra es una demanda fundamental para el mantenimiento de la agricultura y de la agricultura campesina, y para el mantenimiento un mundo rural vivo.

Es el único escenario que va a permitir realmente un mantenimiento del medio ambiente, evitar los cambios climáticos y alcanzar lo que se ha venido a llamar la soberanía alimentaria y un marco social, político y económico que sea realmente sostenible. O sea, no llegamos a un desarrollo sostenible si no hay una agricultura campesina y por supuesto si no se termina con todo este sistema de agricultura industrial que nos lleva hacia la destrucción del planeta.

Federico Pacheco en las consultas informales de noviembre en Ginebra

P.: El derecho a la tierra ¿sería para garantizar el acceso a la tierra o hay otros componentes del derecho a la tierra?

R.: Tenemos efectivamente el problema de los latifundios y de la concentración de las tierras, que necesita que se establezca como un derecho humano el acceso a la tierra, y que se facilite la existencia de elementos que garanticen que los campesinos y demás trabajadores rurales pueda acceder a cultivar la tierra. La realidad es justo todo lo contrario; los intereses políticos y económicos lo que quieren es echar a la gente de los terrenos, para quedarse con ellos y para evitar que la agricultura campesina exista. Frente a estos fenómenos lo que se exige como contenido del derecho humano a la tierra es el derecho a conservar la tierra, a tener garantías de poder mantenerse en la tierra y eso implica tener títulos jurídicos seguros para evitar los desalojos. Serían esos dos contenidos sobre todo.

P.: Y ¿cómo debería el Estado facilitar el acceso a la tierra entonces? Si está reconocido como un derecho. ¿cuáles son las medidas que debería tomar?

R.: Cuando hablemos del acceso a la tierra, el sistema actual lo plantea como que la tierra es un bien comercial y que todo al mundo puede acceder a ella si tiene dinero. Justamente nuestro planteamiento es que establecer que la tierra es un derecho, y no como una mercancía. Para nosotros la tierra no puede ser una mercancía, es un bien común que puede generar derechos pero es un bien común. Nadie tiene derecho a apropiarse de la tierra.

Históricamente cuando se ha luchado por la tierra, se ha hablado de lo que es la reforma agraria, es decir de grandes latifundios que se parcelan entre campesinos con distintos tipos de criterios. Se expropian y se distribuyen. Eso históricamente ha llevado a que el sistema de mercantilización se mantenga. En este sistema de mercado, se obliga al pequeño campesino a competir con la gran agricultura industrial, sin un apoyo estatal real en el tema de semillas, de maquinaria, de comercialización etc. El campesino puede tener una tierra pero vivir de ella es imposible, o solamente se sobrevivir comiendo lo que se produce. Pero realmente no se puede pagar un crédito o comprar maquinaria o comercializar.

Mobilización frente al Palais de las Naciones en junio 2014 en Ginebra

Así, históricamente el fenómeno ha sido que esa tierra repartida por una reforma agraria vuelve al mercado a través de la venta de las parcelas y vuelve a concentrarse en pocas manos de las sociedades o de los latifundistas. Claro que hay fenómenos a nivel mundial –por ejemplo las comunidades indígenas– en los que hay una organización que gestiona una propiedad comunitaria y ha habido otros casos en que la propiedad colectiva ha permitido que se mantenga siempre la tierra al servicio de los campesinos y para la función agrícola. Pero acá, en Europa, nosotros planteamos que tiene que haber un sistema de acceso a la tierra por el cual el campesino ya sea individual o en una cooperativa, no pueda disponer de esos terrenos a nivel del contenido de la propiedad, de la venta, de hipotecarla etc. O sea que realmente lo que se garantice sea el uso y que por otra parte se pongan unos limites al tipo de agricultura que se realiza.

Es lo que nosotros venimos pidiendo, proponiendo en Andalucía y en otros sitios; que los Estados tienen la obligación de poner a disposición de los campesinos una cantidad suficiente de tierra –digamos de tierra agrícola de calidad, con irrigación, fertilidad, no tierras marginales– a disposición de los campesinos. Y es lo que nosotros llamamos el patrimonio agrario publico. Decimos que a nivel de los Estados, de las Comunidades Autónomas, de los Ayuntamientos, tiene que haber siempre un patrimonio para que los agricultores o los campesinos puedan trabajar. Históricamente en Europa también existía el tema de los bienes comunes, de los campos de pastoreo etc., pero en este momento creemos fundamental que el Estado lo garantice, ya sea con tierras públicas o tierras que se expropien con los mismos mecanismos de la reforma agraria. Aquí estamos hablando de un patrimonio público, es decir que exista una tierra que es inalienable, que está fuera del mercado, y que se pone a disposición de los campesinos que tienen todas las garantías (títulos, garantías de uso, y de usufructo), todo el tiempo que se cumplan ciertas condiciones, y entre las que se incluye establecer el tipo de agricultura. Si hay un patrimonio público no se puede estar ni poniendo organismos genéticamente modificados (OGM) ni haciendo grandes monocultivos. Se tiene que volver a lo que era la agricultura campesina, con los sistemas tradicionales más todo lo que aporta la agroecología moderna.

P.: Y en España, ¿existe este patrimonio público o se tiene que constituir todavía a base de expropiaciones?

R.: No, ¡claro! Lo que todavía existen en España y en otros países de Europa, son los comunes, los bienes comunes que cada vez están siendo más atacados por estas políticas de acaparamiento y de privatización. Y existen algunos bancos de tierra que ponen a disposición tierras públicas para el alquiler o la venta. Pero lo que estamos planteando nosotros no existe como tal. Todavía hay tierras públicas en Andalucía, concretamente de una reforma agraria muy ligera que se hizo en los años 80. De esa época quedaron tierras públicas expropiadas –hay unas 20.000 hectáreas todavía-, y hace 2 años el gobierno andaluz, con el argumento de la crisis y de que faltaban recursos, puso a subasta todas estas tierras, es decir privatizarlas. Entonces, nosotros, a través de la ocupación de Somonte sobre todo –allí ocupamos 400 hectáreas de tierra de la Junta de Andalucía – pudimos parar esta política de privatización que aún sigue vigente, no ha sido anulada legalmente, pero en la práctica no se ha vendido este patrimonio, y nosotros estamos luchando allí por que ese patrimonio se ponga totalmente a disposición de los campesinos. Una de las propuestas de nuestro proyecto, es que la Junta se comprometa a dedicar un porcentaje de su presupuesto anual – estamos hablando de un 4 %– a la compra de más tierras públicas, para aumentar este patrimonio. Además pedimos por la aplicación de la ley de expropiación, que existe pero que no se aplica, por la que todas las tierras que estén infrautilizadas o que no estén utilizadas, también se puedan expropiar y sumar al patrimonio. Hay también un impuesto sobre las tierras infrautilizadas; está legislado desde hace 30 años. Pero en la práctica no se aplica, sino que justamente lo que quiere hacer la Junta es privatizar las tierras e incluso

P.: Ya para terminar: entonces el derecho a la tierra es una condición necesaria pero no suficiente por lo que me decías, ¿no? En el sentido de si viene sin apoyo, sin otros derechos al lado del derecho a la tierra.

R.: Claro. Históricamente se luchaba por el derecho a la tierra y, en otros sistemas sociales, económicos, el campesino en cuanto tenía la tierra, tenía acceso a recursos, ¿no? Ahora hablamos de semillas patentadas o de agua privatizada. Entonces había economías locales en las que el campesino, una vez que tenía la tierra, tenía posibilidades de sobrevivir y de vivir. En el mundo en que vivimos ahora, podemos decir: “sin tierra no hay campesino”. O sea, es imprescindible tener un acceso a la tierra y tener una seguridad en el uso de la tierra. Y además debe ser tierra suficiente, de calidad, que no sea algo marginal como pasa muchas veces. Pero claro, lo que tu decías, no es suficiente porque existe un mercado para el que necesitas maquinarias, herramientas, necesitas crédito, necesitas comercializar tus productos. Y claro, tú, si el Estado te da la tierra y te dice “bueno, búscate la vida” como a una gran empresa y tienes que pagar el agua, sacar un registro sanitario que implica unos gastos*enormes, pagar unos seguros sociales, tener que ir a venderle al que te certifica que es el gran comercializador y no poder vender directamente, etc. todos estos elementos hacen que en un determinado momento sea inviable y que al final sea el pequeño campesino el que se autoexplote para sobrevivir. Por eso es muy importante que haya ese apoyo y esa política. Nosotros ahora estamos hablando de generar una política diferenciada. Para nosotros lo ideal sería que desapareciera el latifundio, la agricultura industrial, la OGM y que realmente hubiera una planificación de agricultura campesina, familiar, agroecológica. Pero, si no hay eso, y sí una coexistencia de estos sistemas, tiene que haber una política diferenciada. Porque si no, un campesino nunca va a poder sobrevivir.

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