Dos Relatores Especiales de la ONU interpelan al gobierno chileno por la criminalización del comercio informal

15/12/2021

Dos Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos interpelaron al gobierno chileno sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas por la Red de Defensa de los Territorios Araucanía y el CETIM.

La interpelación se refiere a la criminalización y el maltrato de las mujeres vendedoras ambulantes, especialmente integrantes de comunidades mapuches de la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía de Chile, así como de otras vendedoras chilenas y migrantes.



Los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre la Extrema Pobreza y sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, autores de la interpelación, subrayan la importancia del comercio informal para las poblaciones rurales, la cual es una tradición ancestral para estas poblaciones que viven en la extrema pobreza. Los Relatores recuerdan que Chile está obligado, en virtud del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, a reconocer las actividades culturales de las comunidades indígenas para garantizar su autosuficiencia y desarrollo económico.



Por otro lado, los Relatores destacan que el comercio informal es legal, ya que la Constitución chilena garantiza la libertad de ejercer la actividad económica siempre que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional y no contradiga la ley. Sin embargo, la regulación del comercio informal es competencia de los municipios en Chile, que pueden regular estas actividades mediante ordenanzas. En base a esto, la ciudad de Temuco emitió en 2018 la Ordenanza Nº 3 para prohibir el comercio ambulante en el centro de la ciudad, que fue aplicada por la fuerza policial. Los Relatores lamentan que, en este proceso, las mujeres comerciantes hayan sido objeto de continuas violencias y represiones, así como de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los inspectores municipales.

Las presuntas violaciones se refieren a los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad y a la seguridad, así como a la libertad de trabajo, impidiéndoles realizar actividades que les permitan mantenerse, aumentando así su situación de pobreza y vulnerabilidad.



Además, los Relatores afirman que la ordenanza emitida por la municipalidad de Temuco afecta directamente los derechos de los pueblos indígenas, y sin embargo no se realizó ninguna consulta en el proceso. La investigación de los expertos de la ONU concluye con una serie de ocho preguntas dirigidas al gobierno chileno para que aclare la situación, y un anexo en el que se recuerdan los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos aplicables en este caso y que Chile debe respetar.



La respuesta del gobierno y de la municipalidad de Temuco

El 28 de julio de 2021, dos meses después de la interpelación de los Relatores, Chile respondió muy parcialmente a las solicitudes relativas a los medios implementados para garantizar el respeto de la integridad física y psicológica, la libertad y la seguridad, así como el derecho a la libertad de trabajo de las personas que viven del comercio ambulante. Así, la respuesta ignora 5 de las 8 preguntas planteadas por los Relatores Especiales. 



La Red de Defensa de los Territorios y el CETIM celebran que los Relatores de la ONU hayan considerado que las prohibiciones del comercio ambulante sean incompatibles con el marco internacional de los derechos humanos y del trabajo.

Además, este caso demuestra el papel que pueden desempeñar los mecanismos de derechos humanos de la ONU (Relatores Especiales de la ONU en este caso) para corregir situaciones de no-derecho a nivel local o nacional. Se trata, pues, de apropiarse de estos mecanismos y ponerlos al servicio de las demandas sociales que emanan del terreno, intentando obtener de parte de los mecanismos decisiones favorables a estas demandas.

Por lo tanto, se debe derogar la Ordenanza Nº 3 de Temuco, para desarrollar una nueva normativa municipal con la participación efectiva de las y los comerciantes ambulantes, que garantice el ejercicio del derecho al trabajo, la participación y la integridad física y psicológica de todos los habitantes de la ciudad. 

Es ahora el deber de las autoridades competentes rectificar esta situación, que viola los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables del país, de acuerdo con las conclusiones de los Relatores Especiales.

La Red de Defensa de los Territorios de La Araucanía y el CETIM seguirán comprometidos con la defensa de los derechos de las y los comerciantes ambulantes de Temuco, y continuarán sus esfuerzos (a nivel local, nacional e internacional) para la protección de sus derechos y sus tradiciones ancestrales, que les permiten salir de la pobreza. En este sentido, y ante la respuesta incompleta de las autoridades chilenas, ambas organizaciones continuarán su labor de incidencia para la derogación de la ordenanza y la regulación del comercio ambulante con el fin de proteger los derechos de las poblaciones afectadas. Las autoridades chilenas deben entender que las comunidades afectadas necesitan vivir y trabajar con dignidad.

Informe presentado a los relatores de la ONU por el CETIM y la Red de defensa de los territorios
Comunicado de los Relatores
Respuesta del gobierno chileno

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