En las siguientes páginas, encontrará las declaraciones en español del CETIM en la ONU sobre el tema de la impunidad de las empresas transnacionales
El proyecto minero de Glencore-Xtrata en Tampacán en Filipinas amenaza los derechos humanos, el medio ambiente y las condiciones de vida de las poblaciones locales, El pueblo indígena Bla’an que ocupa esos territorios ancestrales se opone al proyecto y es victima de múltiples violaciones de los derechos humanos. Pero Glencore-Xstrata insiste con el proyecto.
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El proyecto minero de Oceana Gold (antiguamente Pacific Rim) en El Salvador amenaza al medio ambiente y a las condiciones de vida de las comunidades. Las poblaciones locales se oponen al proyecto y son victimas de violaciones de los derechos humanos. Frente a la decisión del gobierno nacional de no extender el permiso de explotación, Oceana Gold presentó una queja contra el Estado salvadoreño ante el Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (CIADI), demanda más de 300 millones de dólares en compensación.
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La historia de Coca Cola en Colombia es la historia de un ataque permanente contra los derechos laborales y los derechos sindical, que ha significado entre otros el asesinato de mas de diez sindicalistas y vínculos con grupos paramilitares.
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En 26 años de explotación petrolera en Amazonía ecuatoriana, Chevron (antiguamente Texaco) contaminó más de 450’000 hectáreas de una de las zonas del planeta más ricas en biodiversidad, destruyendo las condiciones de vida y de subsistencia de sus habitantes. Después de 21 años de litigio, y a pesar de una sentencia de las Cortes ecuatorianas, continua la impunidad para Chevron y las victimas de sus actividades en Ecuador siguen esperando justicia y reparación.
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Anglo Gold Ashanti busca iniciar actividades de explotación minera en los territorios ancestrales de las comunidades afrodescendientes de La Toma (Cauca) en Colombia. esas comunidades se oponen al proyecto que amenaza al medio ambiente y a sus condiciones de vida y posibilidades de subsistencia. Son victimas de múltiples violaciones de derechos humanos. La Corte constitucional les dio la razón pero el gobierno colombiano no aplica la sentencia, todo lo contrario.
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