El huricán Mitch: más allá de la catástrofe natural

11/11/1999
Comisión de derechos humanos

Intervención al tema 9 : violación de los derechos humanos y libertades fundamentales en cualquier parte del mundo.

E/CN.4/1999/NGO/100

Acceder a la declaración en PDF

Entre el 25 de octubre y el 2 de novienbre, América Central ha sufrido una catástrofe natural con el paso del huracán “Mitch”, que ha sido un verdadero desastre económico y social para algunos países de la región: Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. En efecto, a las decenas de miles de muertos y heridos, hay que añadir los cientos de miles de personas que han perdido lo poco que poseían: un techo, sus pequeños cultivos, algunos animales.

Si bien la opinión internacional subraya el carácter natural de la catástrofe, cabe analizar los procesos políticos y económicos que han contribuido al desastre humano. Nos parece indispensable hacer otra lectura de esta catástrofe natural porque es evidente la responsabilidad de diversos actores en la agravación de la misma. Mitch ha puesto de relieve la fragilidad de un modelo económico, social y político que excluye a la mayoría de la población. Tomaremos Nicaragua como ejemplo principal en nuestra intervención.

Responsabilidad de los gobiernos

Hay que destacar que la extrema pobreza de la población ha sido terreno abonado para las graves consecuencias del huracán. Los humildes campesinos de esos países, víctimas de políticas de exclusión por parte de las autoridades, no han podido precaverse contra los devastadores efectos de Mitch. Las políticas gubernamentales de estos últimos años han acentuado en Nicaragua la pobreza de las poblaciones más vulnerables. Un estudio efectuado en diciembre de 1998 por la Fundación Internacional para el Desarrollo Global (FIDEG), cuya sede se encuentra en Managua, indica que “de 1993 a este amargo fin de año, el índice de población que sólo logra adquirir la mitad de los productos de la “cesta básica” ha pasado de 40,8 a 65,5% en las principales ciudades del país”.

Por otro lado, la actitud del gobierno de Arnoldo Alemán frente a la catástrofe ha aumentado el número de víctimas y estragos en el país. En efecto, el Gobierno nicaragüense, por razones de política interior e internacional, ha minimizado la importancia del huracán, silenciando informaciones, dejando de organizar auxilios y no decretando el estado de emergencia. Estas razones son principalmente tres: 1) el tener que reconocer, caso de declararse el estado de urgencia, la incapacidad de los campesinos para reembolsar sus deudas, debiendo entonces el gobierno prestarles la necesaria ayuda financiera; 2) a nivel interno, el impedir que la distribución de la ayuda fuese hecha por las ONG permitía que sólo algunos círculos de personas y autoridades puedan beneficiarse de ella; 3) el temor de alarmar a los inversores extranjeros.

Por todo ello, el comportamiento del Gobierno del Sr. Alemán puede ser calificado de criminal.

Responsabilidad de las instituciones financieras internacionales

Es de dominio público que las instituciones financieras internacionales condicionan la concesión de sus créditos a los países. Una de las principales condiciones es la aplicación de Programas de Ajuste Estructural (PAS), cuyas dramáticas consecuencias son de todos conocidas: devaluación, drásticas reducciones de gastos sociales, privatización de las empresas públicas y de la tierra en beneficio de una minoría, desindexacción de los sueldos, fijación al minimo de los precios de las materias primas, aumento de la deuda… A nuestro parecer, las políticas neoliberales impuestas por las instituciones financieras internacionales (FMI/BM), y aceptadas por los gobiernos de América central, no son ajenas a la magnitud del desastre causado por Mitch.

Siempre en Nicaragua, como consecuencia de la puesta en práctica de programas de ajuste estructural, los humildes campesinos se han visto ante el dilema de pagar sus deudas o abandonar las tierras que poseían gracias a la reforma agraria. A causa de la concentración de tierras en manos de los grandes terratenientes, los campesinos se vieron obligados a cultivar en zonas inundables, en las pendientes montañosas, en los flancos de los volcanes o las inmediaciones de los ríos, y las autoridades competentes no tomaron ninguna medida de prevención de los desastres naturales, tan frecuentes en ese tipo de zonas.

La peligrosidad de estas regiones se ha visto además agravada por las políticas de explotación agrícola y forestal masiva así como por la guerra, que dieron lugar a una dramática deforestación. Los bosques y la cobertura vegetal contribuían en gran medida a limitar los daños provocados por las catástrofes naturales.

Por otra parte, hay que tener en cuenta el círculo vicioso que supone la carga de la deuda para todos los países afectados por Mitch. Sus escasos recursos económicos van a parar a las cajas de los acreedores, en particular del FMI/BM. Los pueblos de los países centroamericanos, dirigidos por gobiernos en connivencia con las instituciones financieras internacionales, no tienen respiro ni posibilidad alguna de abordar un proyecto nacional a medio o a largo plazo. No es una casualidad que las dos naciones más afectadas de la región sean (con la excepción de Panamá) las que tienen la mayor deuda externa1.

Responsabilidad de las sociedades transnacionales
Por otra parte, para un observador avisado no es nada difícil darse cuenta de la actitud adoptada por las empresas bananeras transnacionales -Dole (Castre and Cook) y Chiquita (United Brands Company)- tras el paso del huracán Mitch. Tras la destrucción de una parte de sus plantaciones, estas dos sociedades han despedido a un gran número de trabajadores: 12.000 en Honduras y 3.000 en Guatemala2. Con ello, hacen pesar una grave amenaza para la sobrevivencia de miles de trabajadores y de sus familias, que, aparte de haberse quedado sin alojamiento, tienen una protección social inadecuada cuando no inexistente. Estas suspensiones tienen lugar en un momento particularmente grave para los empleados y sus familias, ya que las primeras siembras no podrán hacerse hasta julio. Qué pueden hacer estas personas para sobrevivir hasta las nuevas cosechas?

Es justo y aceptable que sean los empleados de estas gigantescas sociedades quienes se vean obligados a asumir en primer plano las consecuencias de Mitch sobre las plantaciones bananeras, cuando United Brands y Castle and Cook publican importantes cifras de beneficios?3 Además, las multinacionales aprovechan la ocasión para ejercer presión sobre los sindicatos, poniéndolos entre la espada y la pared al cuestionar los convenios colectivos y despedir en primer lugar a los sindicalistas (en Guatemala, en Cobsa-Dole, han sido despedidos todos los miembros del sindicato UNSITRAGA)4. Las suspensiones, amenazas y despidos son una flagrante violación de los derechos económicos y sociales.

Pero limitarse al problema de las suspensiones y despidos sería olvidar el contexte general de la actuación de las empresas transnacionales de la alimentación respecto a los derechos económicos y sociales de las poblaciones de los países del Sur. Se puede adelantar que los despidos masivos son parte integrante de una estrategia bien definida: externalisation de los costos sociales a expensas de los más elementales derechos humanos e internalisation de los beneficios, repatriados a los países de origen de las multinacionales.

Sin embargo, como agentes económicos mayores a nivel internacional, las sociedades transnacionales tienen el deber de respetar los DESC. Es muy clara la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social adoptada por el Consejo de Administración de la OIT en 1977, en que se estipula que “todas las partes concernidas por la declaración […] deberán respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos internacionales correspondientes, así como la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo”.5

El papel de los Estados Unidos

Por otra parte, hay que señalar la influencia de la política de los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos. En efecto, los Estados Unidos han jugado un nefasto papel en América Central, manteniendo la región en una constante inestabilidad política y social, impidiendo todo tipo de reforma, particularmente agraria, derrocando los gobiernos democráticos o populares y alimentando los conflictos armados. En tal contexto, la llegada de 1.700 marines norteamericanos a Nicaragua en dicienbre de 1998 para “reconstruir” el país parece ser una simple provocación, teniendo en cuenta las relaciones entre ambos países durante los últimos decenios. En cualquier caso, cabe preguntarse si el despliegue de tales efectivos militares no forma parte de una estrategia de militarización de la región.6

La reconstrucción y la ayuda internacional
Hoy en dia, el problema urgente es el de la distribución democrática de la ayuda internacional y de su utilización apropiada. Sin embargo, las muestras dadas por el Gobierno de Alemán son inquietantes, ya que estima que los 2/3 de la ayuda exterior deberían destinarse a la “modernización de la infraestructura vial y energética del país”7. Uno de los proyectos para los cuales el Sr. Alemán pide financiamiento es el ensanche de la carretera a Masaya, una de las principales arterias de Managua, que no ha sido afectada por el huracán. El tipo de reconstrucción propuesto por el gobierno Alemán para Nicaragua, presentado como “exportador” y “urbano”, tiende a reforzar a los grandes productores agricolas y al sector de la construcción, actualmente en expansión.

Frente a este modelo, las organizaciones no gubernamentales y campesinas, representativas de los sectores de población más afectados por el huracán, que se encuentran en extrema indigencia, plantean cuestionamientos. Proponen, por su parte, un modelo de ayuda y reconstrucción orientado directamente a las poblaciones más necesitadas. La propuesta elaborada por la “coordinación civil para la Urgencia y la Reconstrucción” pide que se conceda prioridad al desarrollo rural, destacando el papel de los pequeños y medianos productores y subrayando la necesidad de encontrar un modelo de desarrollo durable, viable desde el punto de vista humano y ecológico.

Por otro lado, es preocupante la actitud de los países del Norte y del FMI frente a la ayuda, ya que, pese a la urgencia, condicionan la concesión de la misma a la aplicación de los PAS por las naciones afectadas. Los países miembros del FMI se reunirán a tal efecto en Estocolmo, en mayo de 1999. Un condicionamiento así es inaceptable y no hará sino contribuir a empobrecer aún más a los países de América Central.

En lo concerniente a la reconstrucción y la atribución de ayuda, el CETIM recomienda que:

· Todo proyecto serio de reconstrucción incluya la participación real y democrática de todos los sectores sociales concernidos. Representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, municipalidades, comunidades rurales y urbanas deben estar asociados a la distribución de la ayuda. En la atribución de fondos, debe asegurarse la más absoluta transparencia.

· La catástrofe de Mitch debe promover la realización de una reflexión de fondo sobre los PAS por parte de la comunidad internacional, y el cuestionamiento de tales programas. La experiencia ha demostrado que el ajuste impuesto conduce al enriqueciniento de unos pocos en detrimento de la gran mayoría de la población.

· Las deudas externas bilaterales y multilaterales de los países afectados deben ser inmediata y totalmente anuladas, asegurándose de que el resultado de esta decisión política y los fondos por ella liberados beneficien, en primer lugar, a los sectores desfavorecidos. La Comisión de Derechos Hunanos debería hacer recomendaciones en tal sentido a los países miembros del FMI.

·La deuda interna de los sectores afectados por Mitch debe asímismo ser anulada por los gobiernos. Se encuentran en este caso unos 200.000 pequeños productores rurales nicaragüenses, auténticos motores de la reconstrucción económica.

En resumidas cuentas, las transnacionales deben conformarse a los dispositivos enunciados en los Pactos, así como a los Convenios internacionales en materia de derechos hunanos.

Nota: A propósito de Mitch y del contexte económico y social, hay que destacar el boletin n° 50 de Correos de Centroamérica (boletin de información y reflexión sobre América Central, el Caribe y México) y la serie de artículos dedicados al tema en el diario Le Courrier, de Ginebra, a partir del 28 de enero de 1999.


1) Honduras y Nicaragua han pagado este año 400 y 350 millones de dólares, respectivamente, por el servicio de la deuda. Como término de referencia, la renovación del sistema hospitalario de Honduras ha costado 30 millones de dólares.
2) Información procedente de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, la Agricultura, la Hoteleria-Restauración, el Tabaco y Ramas conexas (UITA), enero de 1999.
3) Por ejemplo, Chiquita, filial de United Brands, en 1997 ha tenido 2,4 miles de millones de dólares de ventas (fuente: Hoovers online, The ultimate source for compagny information, Austin, Texas, 1999, www.hoovers.com). En cualquier caso, United Brands trabaja en otros quince países.
4) cf. nota 2.
5) Declaración tripartita E.C.10.31, párr. 8.
6) Como es sabido, bajo el pretexto de la lucha antidroga, los Estados Unidos mantienen importantes efectivos militares en la mayor parte de los países de América Latina.
7) Según un artículo aparecido en diciembre de 1998 en la revista de la Universidad Centroamericana de Managua.

Categories Casos Declaraciones Derechos de los campesinos Derechos humanos Empresas transnacionales
Tags