El Estado Colombiano tendrá que responder ante la ONU por violencia antisindical

14/12/2015

El pasado 9 de septiembre el Centro Europa – Tercer Mundo (CETIM) presentó al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas una denuncia en contra del Estado colombiano por las sucesivas violaciones a los derechos humanos y el asesinato de Adolfo Múnera López, trabajador de la empresa Coca Cola y sindicalista afiliado a Sinaltrainal víctima de una arremetida violenta en contra de las asociaciones sindicales de ese país que dejó al menos a 2.863 sindicalistas asesinados hasta el 2011.

Sinaltrainal es un sindicato que representa a los trabajadores de la industria agroalimentaria en Colombia, entre otros a los de Nestlé y Coca Cola. El CETIM colabora con Sinaltrainal desde hace muchos años y ofrece su apoyo para el acceso a los mecanismos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Se presentó una declaración escrita al Consejo de derechos humanos en junio de 2014 (ver A/HRC/26/NGO/96) y tras une nueva intervención del CETIM, el Relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en diciembre de 2014, pidieron cuentas a Colombia por los ataques sufridos por Sinaltrainal (ver aquí).

La queja presentada en septiembre de 2015 busca que se condene al Estado colombiano por incumplimiento con las obligaciones que le impone el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. De acuerdo a la denuncia, el Estado colombiano tiene una responsabilidad directa por el homicidio y la persecución que se desplegó contra Adolfo Múnera e igualmente una responsabilidad indirecta por haber fallado en su obligación de proteger su vida e integridad personal. Asimismo, el Estado colombiano es acusado de no haber garantizado el acceso de los familiares a un recurso efectivo en materia de justicia que permitiera esclarecer los móviles del asesinato y los responsables del mismo.

Por ello Sinaltrainal y familiares que actúan como víctimas en el caso solicitan al Estado colombiano que en un plazo razonable lleve a cabo las investigaciones que sean necesarias para establecer la verdad de los hechos, e investigar, juzgar y sancionar a los responsables del asesinato de Adolfo Múnera. De igual forma, han solicitado al Comité de Derechos Humanos que ordene al Estado colombiano concertar la implementación de medidas encaminadas a la reparación integral de las víctimas, la reconstrucción de la memoria y las mas amplia divulgación de la vida y obra de Adolfo Múnera.

Adolfo Múnera fue trabajador de la empresa Coca Cola dese mediados los 80, a base de esfuerzos se convirtió en un destacado líder de Sinaltrainal, querido y respetado por sus compañeros, quienes recuerdan su carisma, disciplina y capacidad de trabajo. En 1995 participó de manera destacada en la huelga general que por cerca de un mes se llevó a cabo en las plantas embotelladoras de Coca Cola ubicadas en tres de las principales ciudades de Colombia y que hasta hoy es recordada como una de las mayores acciones de reivindicación de derechos que se haya llevado a cabo contra Coca Cola en Colombia. Fruto de esta huelga Coca Cola se vio obligada a pactar una nueva convención colectiva de los trabajadores de la empresa.

Adolfo Múnera jugó un papel trascendental en dicha huelga, fue uno de sus voceros y de las personas que lideró el movimiento conformado de los obreros de Coca Cola. En reconocimiento a esta labor, en enero de 1997 la Asamblea General de la Seccional Atlántico de Sinaltrainal lo eligió Secretario de Educación de la Sub directiva del sindicato.

Lastimosamente, su destacado liderazgo le ocasionó que terminará siendo víctima de varias agresiones contra su vida, la primera de ellas y la que quizás marcó buena parte de su fatal destino, ocurrió tan solo dos meses después de haber sido elegido directivo sindical, cuando la Fiscalía General de la Nación decidió abrir un proceso penal en su contra en marzo de 1997.

Familiares y directivos de Sinaltrainal dan cuenta de cómo en ese mes, efectivos de la policía guiados por directivos de Coca Cola llegaron a casa de Adolfo Múnera, enseñaron una orden de un fiscal y realizaron un allanamiento. Posteriormente la Fiscalía libró una orden de aprehensión en su contra y ante la inminencia de una captura considerada por él como injusta, Adolfo Múnera pidió permiso a Coca Cola para ausentarse de su trabajo y se marchó de la ciudad. La empresa por su parte negò la licencia solicitada y aprovechó para despedirlo injustamente de su trabajo.

El 28 de septiembre de 1999, la Fiscal del caso emitió una resolución en la que cerraba la investigación penal adelantada contra Adolfo Múnera por el delito de rebelión y ratificaba su inocencia, sin embargo, buena parte del daño ya estaba causado y la declaratoria de inocencia del ente investigador, no causó efecto positivo sobre la vida de Adolfo. El Estado colombiano había creado un ambiente de zozobra a la vida del líder sindical, la estigmatización causada por el allanamiento, la investigación penal en su contra, los señalamientos que siguieron a tales hechos, los informes de prensa en que se le señalaba de ser integrante de una estructura guerrillera implicó que las amenazas contra su vida se hicieran permanentes.

Mientras Adolfo Munera padecía los efectos de una investigación parcializada e injusta, el 15 de agosto de 1998, los directivos de la empresa Panamco, embotelladora de Coca-Cola en Colombia, se reunían con un mensajero del jefe paramilitar Carlos Castaño. Esta reunión se dio, porque los paramilitares en el Magdalena Medio, habían frenado la distribución de la bebida gaseosa durante cuatro meses por ordenes del jefe paramilitar Ramón Isaza. Si bien el contenido de la reunión no se conoció, después de este encuentro, el jefe paramilitar Carlos Castaño máximo jefe del grupo paramilitar hace una declaración pública a su subalterno Ramón Isaza: “Ramón, nosotros no podemos convertirnos en mercenarios contra las multinacionales. Nuestro objetivo es la guerrilla”.

Luego de este encuentro las acciones paramilitares en contra de Sinaltrainal se incrementaron. Desde entonces y hasta 2004, nueve de trabajadores de Coca Cola afiliados al sindicato habían sido asesinados, 38 trabajadores habían tenido que huir de sus ciudades, 67 fueron víctimas de amenazas de muerte, al igual que sus familiares, algunos incluso fueron secuestrados, sus protestas fueron atacadas y varias oficinas sindicales allanadas, dinamitadas e incendiadas.

Al cerrarse el proceso en su contra en 1999, Adolfo Múnera regresó a su ciudad Barranquilla, inició un proceso para lograr su reintegro a la planta embotelladora de Coca Cola y se vinculó activamente a Sinaltrainal, aspiraba a reencontrar su vida, sin embargo las amenazas en su contra se incrementaron, razón por la que pidió en distintos momentos a las autoridades locales y nacionales protección, sin embargo nunca le fue otorgada o al menos no las medidas necesarias y en consecuencia fue asesinado en Barranquilla el 31 de agosto de 2002.

Pocas semanas antes de su asesinato la Corte constitucional colombiana (el más alto Tribunal existente en ese país y la instancia de cierre de cualquier proceso) había notificado la admisión de una acción jurídica interpuesta por Adolfo Múnera buscando su reintegro a la empresa Coca Cola, objetivo que no alcanzó a ver concretado; en marzo de 2003 se produjo el fallo que declaraba la ilegalidad de su despido y ordenaba a Coca Cola su reintegro inmediato, sin embargo para esa fecha ya había sido asesinado.

Las violaciones contra Adolfo Múnera no cesaron con su asesinato. El Estado continuó fallando en su deber, esta vez con el deber de investigar y develar la verdad de lo sucedido. A pesar de condenar al autor material del asesinato de Adolfo Múnera, la justicia no avanzó en contra de quienes se vieron beneficiados con la muerte del líder sindical y no se logró establecer quienes fueron los autores intelectuales de este homicidio. Poco hicieron los entes judiciales en avanzar en sus investigaciones, y develar el patrón de violencia del que eran víctimas los líderes sindicales de Sinaltrainal y en particular aquellos que trabajaban para Coca Cola. Así, si bien en este caso se condenó a una persona como autor material del asesinato de Adolfo Múnera, no se investigó los posibles responsables intelectuales del mismo. En particular nunca se investigaron las posibles responsabilidades de los grupos paramilitares y la relación que mantuvieron con la empresa Coca Cola.

La familia de Adolfo Múnera, Sinaltrainal y el CETIM esperan que este caso profundice la observación del Sistema de Naciones Unidas sobre Colombia, más en un momento donde ese país puede estar haciendo transito al fin de parte de su conflicto armado, lo que debería permitir que se abran escenarios de esclarecimiento de crímenes y aplicación de justicia por las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, en particular en casos en los que se presume la responsabilidad de empresas transnacionales en la financiación y direccionamiento de las acciones de los grupos armados al margen de la ley. En este contexto, el caso Adolfo Múnera es una oportunidad para que el Estado colombiano se vea obligado a investigar a profundidad la responsabilidad de las empresas, fuerza publica y grupos paramilitares en la violencia anti sindical, como una contribución a la Verdad y la No Repetición de estos hechos.

“Sinaltrainal espera que haya verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, que se reconozca estos crímenes como de lesa humanidad, por ser crímenes del terrorismo de Estado, planeados y sistemáticos, que se determine la responsabilidad de los funcionarios de la multinacional Coca Cola y se le obligue adoptar una conducta respetuosa del derecho de asociación y cese la persecución contra los integrantes de Sinaltrainal, que se restablezcan el derecho a la plena negociación colectiva, la contratación directa e indefinida de todos los trabajadores, así como los derechos laborales eliminados, y que se proteja la vida e integridad de los afiliados al sindicato y sus familias”, explicó Javier Correa, Secretario de asuntos políticos y derechos humanos de Sinaltrainal.

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