El asesinato de Berta Cáceres no debe quedarse sin castigo

Resumen: El CETIM y AIJD se dirigen a dos Relatores Especiales en lo que atañe a su informe conjunto, para expresar su preocupación sobre la problemática de las ejecuciones extra-judiciales, sumarias u arbitrarias, y las consecuencias que tienen sobre la situación de los Derechos humanos en diferentes países. En su Declaración, CETIM y AIJD apuntan el caso del asesinato de la activista indígena lenca Berta Cáceres en Honduras. Berta estaba comprometida con la lucha en defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas, los movimientos campesinos y el medio ambiente. En su lucha, se oponía a proyectos mineros y a grandes represas hidroeléctricas en las cuales participan empresas transnacionales. Su lucha contra el poder de las transnacionales y su oposición al Golpe de Estado del 28 de junio de 2009 (ordenado por la oligarquía del país en complicidad con potencias occidentales), la han conducido a la muerte. Exigimos justicia para Berta Cáceres; la detención de todos los proyectos de “desarrollo” que violan los derechos humanos sin consulta previa de las poblaciones locales; el congelamiento de las inversiones de las transnacionales y de las instituciones financieras internacionales en estos proyectos; el fin de la impunidad de los crímenes contra defensore/as de los derechos humanos y la realización de investigaciones independientes que permitan esclarecer la cadena de responsabilidades en el caso de estos crímenes.

Tema 3 de la agenda: Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo – Dialogo interactivo con el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias sobre su reporte conjunto (A/HRC/31/66, del 4 de febrero 2016)

Intervención oral conjunta CETIM-AIJD

Señor presidente,

CETIM y la AIJD apoyan la mayoría de las recomendaciones formuladas por los Relatores Especiales en su informe conjunto, presentado en esta sesión. Entre ellas, resaltamos dos elementos importantes:

1) Los crímenes cometidos por los funcionarios públicos no deben quedar impunes. Deben someterse a sanciones civiles y penales no sólo los ejecutores, sino también los oficiales de mando, que sean militares o civiles (véase, en particular, §§ 91 y 93);

2) La necesidad de abrir el espacio público, privatizado por el sector privado, a las y los ciudadanos que desean ejercer sus derechos de asociación y de manifestación (§ 88).

Lamentablemente, se observa desde hace varios años, incluso en los países considerados democráticos, que se ha hecho conveniente para el sector privado invocar el derecho a la propiedad privada para prohibir, por ejemplo, las actividades sindicales dentro de las empresas.

Señor Presidente,

La violación del derecho a la vida no sólo se produce en el contexto de manifestaciones. Muchos son los casos de asesinatos planificados y dirigidos en contra de las y los defensores de los derechos humanos, tanto por parte de funcionarios públicos como por actores privados. Esto es lo que ocurrió el pasado 3 de marzo a Berta Cáceres, líder indígena lenca, defensora de los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente en Honduras.

De hecho, Berta ya fue amenazada de muerte el año pasado por personas cercanas a la compañía hidroeléctrica canadiense Blue Energy porque su pueblo se oponía a la construcción de una presa en el Río Blanco, en territorio indígena. Berta Cacéres reveló públicamente esta amenaza en 2015 durante una entrevista a la agencia de noticias EFE, en los siguientes términos:

“He recibido amenazas de muerte directa, amenazas de secuestro, de desaparición, de linchamiento, de acribillar el vehículo en el que me desplazo, amenazas de secuestro a mi hija, persecución, vigilancia, hostigamiento sexual y también campañas en los medios de comunicación nacional de los sectores de poder.”

A pesar de que Berta era objeto de medidas de protección dictadas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, personas “no identificadas” entraron en su casa, y la asesinaron de unos tiros, mientras que el activista mexicano defensor de los Derechos Humanos y del medio ambiente, Gustavo Castro, resultó herido.

Quienquiera que sean los autores y los mandatarios de este asesinato, resulta evidente que en este caso existe un fallo y una responsabilidad de las autoridades hondureñas.

CETIM y el AIJD piden al Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias que investigue el asesinato de modo que los autores materiales y sus patrocinadores sean procesados y castigados.

Muchas gracias por la atención.

Ginebra, 9 marzo 2016