«Il n‘y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé»
1. A pesar de que la coalición angloestadounidense no tenía derecho alguno sobre Iraq y sus recursos como fuerza de ocupación, ésta privatizó el conjunto de la economía de dicho país soberano, librándolo a continuación a las sociedades extranjeras, respaldándose en la política de reconstrucción. Paul Bremer, administrador civil de la autoridad provisional de la coalición nombrado por el gobierno Bush, ha dictado durante los 13 meses que ocupó el cargo 100 ordenes1 (Coalition Provisional Authority Orders). Estas funcionan ahora como nuevas leyes sin que el pueblo iraquí se haya pronunciado en ningún momento a su respecto. Ningún control democrático ha sopesado esas decisiones adoptadas por la coalición que no obstante van a modificar completamente la economía de Iraq.
2. Se ha establecido un verdadero arsenal jurídico para imponer la privatización de la economía nacional y del sector público, cuyo único beneficiario serán las grandes sociedades extranjeras. Iraq se convierte en una de las economías más liberales del mundo sin ninguna forma de proteccionismo. Una parte importante de sus leyes se inspira de hecho en los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales que los Estados Unidos imponen a sus “socios” como el TLCAN o el posible futuro ALCA2. De este modo, las sociedades extranjeras gozan de un margen ilimitado de maniobra para sus negocios en Iraq, sin tener que rendir cuentas a nadie.
Unas órdenes contrarias al principio de la soberanía nacional
3. La mayoría de estas órdenes son totalmente contrarias a la Constitución iraquí de 19903 y a las convenciones de la Haya (1907) y de Ginebra, ratificadas por los Estados Unidos, y que establecen que el Estado que ejerce la ocupación deberá respetar las leyes del país ocupado. Además, violan incluso la ley estadounidense que trata este asunto, a saber The Law of Land Warfare (1956). Vamos a centrarnos en algunas de estas órdenes, en las que se hallan en el meollo del proceso de privatización de Iraq y que violan de forma flagrante la soberanía política y económica de dicho país.
4. La primera orden de 16 de mayo de 2003, lejos de ser simbólica, instaura la desbaasificación del Estado y de todas las estructuras de toma de decisión del país y lleva a miles de iraquíes al desempleo. Cerca del 50% de la población activa se encontraría en el paro, alcanzándose incluso el 70% en lugares como Basra.
Apertura del mercado nacional a las sociedades y los inversores extranjeros
5. Entre las órdenes promulgadas por el administrador civil se encuentra la orden 394 relativa a las inversiones extranjeras. Ésta desempeña un papel fundamental en la marcha forzosa de Iraq hacia el neoliberalismo. El objetivo de esta orden según su preámbulo consiste en « hacer que Iraq evolucione desde una economía planificada y centralizada hacia una economía de mercado ». De hecho, se trata de desposeer a las futuras autoridades iraquíes de toda autoridad o prerrogativas en materia económica. Esta orden contiene 5 puntos principales:
1) Permite que los inversores extranjeros gocen exactamente de los mismos derechos que los iraquíes en la explotación del mercado nacional. De este modo, los futuros gobiernos no podrán favorecer a una empresa o a un inversor iraquí. Queda no obstante claro que hasta el momento se ha privilegiado a las sociedades estadounidenses5 en detrimento de sus homólogas iraquíes;
2) Privatiza el sector público iraquí en su conjunto. De este modo, se ven afectadas más de 200 compañías nacionales iraquíes : ferrocarriles, red eléctrica, distribución y evacuación de aguas – infraestructuras principalmente destruidas por la coalición angloamericana –, cadenas de televisión y radio, hospitales – antes la atención era gratuita –, telefonía – imponiendo la norma estadounidense para los móviles CDMA en Iraq –, aeropuertos, etc. Incluso las cárceles podrían ser privatizadas a la larga;
3) Permite una participación extranjera del 100% en una empresa iraquí, excepto en los sectores petrolero, de la extracción minera, de la banca y de las compañías de seguros (estas dos últimas serán objeto de órdenes separadas6) ;
4) Permite expatriar o invertir de nuevo sin restricción ni impuesto alguno la totalidad de los fondos invertidos o de las inversiones financieras, así como los beneficios o los dividendos obtenidos en territorio iraquí. Las sociedades extranjeras pueden por lo tanto invertir y retirar sus fondos como les plazca sin tener que rendir cuentas a nadie. Este punto se inspira claramente en el Acuerdo multilateral sobre las inversiones (AMI) contra el cual habían luchado victoriosamente los movimientos sociales a escala internacional y que finalmente fue abandonado por la OCDE7 ;
5) Permite poseer tierras durante 40 años con la posibilidad de renovar el derecho de propiedad de forma ilimitada.
6. Gracias a la orden 378, las sociedades extranjeras no fueron objeto de imposición en 2003 y pagaron impuestos con un límite del 15% en 2004. La orden 12 suspendió la recaudación de todos los aranceles, derechos de aduana (por mar o por aire), etc. para todos los productos que entraron o salieron de Iraq en 2003. La orden 38 reinstaló un arancel del 5% sobre las mercaderías, con numerosísimas excepciones, para un plazo de dos años. De este modo, los alimentos, medicamentos y las prendas de vestir, entre otras cosas, están exentas de aranceles, así como las fuerzas de la coalición y sus subcontratistas. Según Paul Bremer estas medidas se han adoptado para favorecer la reconstrucción del país.
Privatización de las simientes e importación de OMG
7. Una nueva ley permite adquirir patentes sobre, entre otras cosas, los seres vivos. La orden 81 relativa a « Las patentes, el diseño industrial, la información no divulgada, los circuitos integrados y la ley sobre las variedades parietales » es totalmente contraria a la Constitución iraquí de 1990 que prohibía la propiedad privada de los recursos biológicos9. Esta orden convierte en ilegal la práctica tradicional y milenaria de selección de las mejores simientes por los parte de los agricultores10 y deja el camino libre a las compañías extranjeras para que impongan sus simientes patentadas y los precios de éstas. También permite importar y comercializar organismos modificados genéticamente (OMG). Las patentes tienen una duración de 20 años en el caso de las plantas agrícolas y de 25 años en el caso de las viñas y los árboles. Esta ley socava gravemente soberanía alimentaria del pueblo iraquí.
8. Además, no se puede desligar a esta ley del contexto en el que ha surgido y en el que la coalición adquirió una enorme responsabilidad para con el pueblo iraquí: la situación alimentaria es verdaderamente crítica, casi catastrófica. Uno de cada cuatro iraquíes depende del sistema público de distribución de alimentos. Según el último informe de la ONG británica Medact, el 17% de los niños tienen un peso inferior al normal y un 32% de ellos sufre de malnutrición crónica11. El pasado mes de octubre, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anunció una producción de cereales de 2,4 millones de toneladas para 2004, lo que representa aproximadamente la mitad del volumen de 200312. Gran parte del sistema de purificación de aguas ha sido destruido o saboteado, lo que provoca graves diarreas en los niños y en las personas mayores y favorece la propagación de enfermedades. ¿En semejante situación, cómo van a ser capaces los agricultores iraquíes de hacer frente a la competencia de las sociedades transnacionales que, como ya se ha dicho, gozarán además de una exención total de aranceles para la importación?
9. Aprovechando su autoridad, el administrador civil ha dado los primeros pasos hacia la adhesión de Iraq a la Organización Mundial del Comercio (OMC) solicitando el estatuto de observador para este país (el 11 de febrero de 2004). La soberanía de este país se ha visto nuevamente sacudida. Por lo que al sucesivo gobierno provisional iraquí respecta, tras haber sido instaurado por los Estados Unidos, presentó una solicitud de candidatura respaldada por Washington el pasado mes de octubre. En tan sólo ocho meses, Iraq ha pasado del estatuto de observador al de candidato a la adhesión, cuando normalmente este proceso suele llevar un mínimo de cinco años. Los países miembro de la OMC dieron el visto bueno al inicio de las negociaciones el pasado 13 de diciembre.
Derecho a la salud y a la vida
10. La población iraquí ha sufrido en 20 años: tres guerras, bombardeos masivos con uranio empobrecido13 y más de diez años de embargo. Según las cifras más alarmantes, el número de víctimas civiles iraquíes directas o indirectas desde la ofensiva angloestadounidense del 19 de marzo de 2003 se elevaría a más de 100’00014. Dieciocho meses después del fin de la guerra, « el riesgo de morir a causa de actos de violencia […] es 58 veces superior que 15 meses antes de la guerra. El riesgo de muerte por cualquier causa es 2,5 veces superior que antes de la invasión » según la ONG Medact15. Desde mayo de 2003, las fuerzas de la coalición no han sido capaces de proteger a los civiles – aunque cabe preguntarse si esto era un objetivo. A semejanza de lo que sucede en Colombia, Iraq es uno de los países más peligrosos para los sindicalistas. El pasado 4 de enero, Hadi Salih, secretario internacional de la Federación de sindicatos iraquíes (IFTU), fue asesinado en su casa. El 27 de enero, el presidente del sindicato de mecánicos, de la metalurgia y de los trabajadores de la imprenta fue secuestrado. Además, en varias ocasiones soldados de la coalición han detenido o intentado intimidar a trabajadores sindicados, y la coalición tan sólo anuló la ley que prohibía la formación de sindicatos en el sector público en marzo de 2004, diez meses después de la toma de poder del administrador civil.
Inmunidad total para las fuerzas de la ocupación y para el personal extranjero
11. La orden 1716 garantiza la inmunidad jurídica a los ocupantes17 y a sus subcontratistas en Iraq. Le otorga a los Estados de origen la responsabilidad de llevarlos ante la justicia, pero el gobierno Bush ya ha tomado las disposiciones necesarias para garantizarles la inmunidad también en los Estados Unidos. Gracias a la Executive Order 1330318, las empresas estadounidenses que participan en la industria petrolera en Iraq no corren el riesgo de enfrentarse a la justicia por haber infringido la ley si dicha infracción se da en el marco de la explotación petrolera o del restablecimiento de la infraestructura petrolera en Iraq.
Conclusión
12. Las reformas económicas impuestas por la coalición angloestadounidense no tienen como objetivo satisfacer las necesidades y prioridades del pueblo iraquí, como demuestra claramente el deterioro de la situación sanitaria y alimentaria desde hace dos años. Su única lógica es el saqueo de los recursos de este país en beneficio de las sociedades extranjeras y convertir a Iraq en la punta de lanza de la economía neoliberal de la región. Además, las empresas extranjeras a menudo practican precios prohibitivos como demuestran algunos estudios. Y a pesar de ello, el administrador civil las ha escogido en detrimento de otras sociedades iraquíes. Además, la gestión a manos de la coalición y de Paul Bremer del Fondo para el desarrollo de Iraq, creado en virtud de la resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad y que debería centralizar los beneficios de las ventas de petróleo y de gas, deja también mucho que desear19.
13. Las decisiones adoptadas por el administrador civil bajo el mandato de la coalición van en contra del derecho internacional. La IV Convención de la Haya de 1907 estipula claramente en su artículo 43 que « Desde el momento en que la autoridad legítima pase de hecho a manos del ocupante, éste tomará todas las medidas que estén a su alcance a fin de restablecer y conservar, en cuanto sea posible, el orden y la vida públicos, respetando, salvo impedimento absoluto, las leyes vigentes en el país. » y en su artículo 55 que « El Estado ocupante no debe considerarse sino como administrador y usufructuario de los edificios públicos, inmuebles, bosques y explotaciones agrícolas que pertenezcan al Estado enemigo y se encuentren en el país ocupado. Deberá defender el capital de esas empresas y administrar conforme a las reglas del usufructo. »
14. Desgraciadamente estas órdenes no han sido puestas en tela de juicio por el gobierno provisional en ejercicio desde el 28 de junio de 2004, ¿pero acaso tenían el poder para hacerlo? Todos sus miembros han sido « avalados» por el gobierno Bush y la resolución 1546 (2004) del Consejo de Seguridad pide al gobierno provisional que se abstenga « de tomar decisiones que afecten al destino de Iraq más allá del periodo de transición». No obstante, el administrador civil sí que ha podido modificar a voluntad y de forma diametral el sistema económico iraquí hipotecando el futuro de millones de personas.
15. Respecto de las elecciones del 30 de enero del 2005, las condiciones en que tuvieron lugar son de lo más sorprendentes, lo que nos hace dudar sobre su legitimidad real y sobre su legalidad. De hecho, más de 70 partidos las boicotearon, la mayoría de los candidatos eran anónimos y carecían de programa electoral, los observadores intencionales, tan numerosos en Ucrania, estaban prácticamente ausentes del país y tenían sus bases en Amán en Jordania.
16. El Centro Europa – Tercer Mundo y la Asociación Americana de Juristas estiman que la Comisión de Derechos Humanos, en el marco estricto de su mandato, debería aprobar una resolución que:
1) condene sin ambigüedad las violaciones del derecho internacional y del derecho humanitario que se llevan cometiendo en Iraq desde la agresión;
2) fomente una investigación de dichas violaciones y la puesta a disposición de la justicia de sus autores;
3) fomente una solución pacífica y democrática con la participación sin exclusión de todos los sectores de la población iraquí en el marco del respeto de la soberanía y del derecho a la libre autodeterminación de Iraq, solución que requiere de forma prioritaria la retirada inmediata del ejército de ocupación;
4) solicite que se consulte al pueblo iraquí sobre las decisiones adoptadas por el administrador civil durante su mandato, así como sobre la adhesión del país a la Organización Mundial del Comercio;
5) solicite que se lleve a cabo una auditoría sobre la utilización de los fondos gestionados por el Fondo para el Desarrollo de Iraq.
