Casos de violaciones de derechos humanos ambientales perpetradas por Shell en el Delta del Níger, Nigeria

11/11/2014

CASOS DE DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS AMBIENTALES PERPETRADAS POR SHELL EN EL DELTA DEL NIGER EN NIGERIA

Introducción

Desde el momento en que se inició la explotación de petróleo a nivel comercial en 1956 en el Delta del Níger, Nigeria, las comunidades del Delta no han tenido descanso. Durante más de cinco décadas, el petróleo ha sido el producto de exportación más importante de Nigeria. Aproximadamente la mitad del petróleo extraído desde entonces lo ha sido bajo la supervisión de Shell. Los derrames frecuentes de petróleo y la quema de gases residuales han provocado enormes estragos y degradación ambiental, algunas de cuyas consecuencias han sido la disminución de las poblaciones de peces y la reducción de la pesca, el bajo rendimiento de los cultivos y el empobrecimiento de la población. La respuesta del Estado coercitivo frente a las protestas de las comunidades desde fines de la década de 1980 fue la opresión y represión a manos de las fuerzas armadas con el apoyo de la empresa petrolera Shell. Los culpables de violaciones de derechos humanos y de incumplimiento de los estándares ambientales han gozado de impunidad, lo que hace imperativo establecer normas y mecanismos de aplicación mundiales para mantener a raya a las empresas petroleras. A continuación se presentan algunas de las muchas instancias de trastorno social y ambiental que representan violaciones de derechos humanos.

Quema de gases residuales

La quema de gases residuales prosigue sin cesar. En Nigeria, Shell sigue quemando gases residuales día y noche en unos cien lugares del país. Juntas, estas llamaradas permanentes de gas quemado producen la misma cantidad de CO2 que dos millones de automóviles. Pero este gas podría usarse para otros fines, como la generación de energía eléctrica. Los humedales que otrora fueron fértiles en el Delta del Níger se han transformado en la mayor catástrofe petrolera del mundo debido a los derrames de petróleo. Incluso durante la época colonial, el gobierno británico era consciente de la inconveniencia de la situación, pero no emprendió ninguna medida para hacerle frente.1

Varios estudios señalan los efectos devastadores que tiene la quema de gas para las personas y el medioambiente. Según un informe reciente (2011), la quema de gas ha tenido efectos consabidos para la comunidad Ogoni y su medioambiente. Por ejemplo, contaminación sonora, picazón y erupciones cutáneas, incomodidad causada por la luz de las antorchas encendidas todos los días las 24 horas del día, polvo negro y hollín que queda impregnado en los hogares, los alimentos y la vestimenta de los pobladores, todo lo cual socava la calidad de vida y el derecho de las personas a vivir en un medioambiente saludable en el cual puedan alcanzar su potencial.2

En materia de salud, la quema de gas genera lluvias ácidas que acidifican los lagos y arroyos y perjudican los cultivos y la vegetación. Además, corroe los techos de las construcciones. La lluvia ácida es un conocido agente cancerígeno que afecta la salud de los seres humanos provocando abortos espontáneos y malformaciones congénitas y aumentando la frecuencia de enfermedades respiratorias y cáncer, entre otras dolencias que determinan la muerte prematura de cientos de personas. El azufre de esas precipitaciones ácidas también afecta negativamente el rendimiento de los cultivos y por ende los medios de sustento agrícolas de la población3.

Nigeria prohíbe la quema de gases residuales desde 1984, año en que entró en vigor una ley sobre la reinyección de gas. Las empresas petroleras tienen prohibida desde entonces la quema constante y rutinaria de gases residuales y sólo pueden realizarlas mediante un permiso especial del ministerio competente. Sin embargo, se desconocen cuáles son los requisitos para obtener dicho permiso especial. El permiso de Shell para quemar gases residuales no se ha hecho público, motivo por el cual las comunidades locales no conocen la fundamentación de tal autorización. Además, la multa que se les impone a las empresas por quemar gas es muy baja por metro cúbico y no tiene por ende un efecto disuasorio.
Shell prometió cesar la quema de gases residuales como resultado de la presión del pueblo, el gobierno y las organizaciones ecologistas nigerianos. Pero Shell no ha cumplido hasta el momento con dichas promesas y ejerce su influencia política y económica sobre el gobierno nacional para que éste acceda a estirar las fechas tope para cumplir con ese objetivo.4

En realidad, según el informe del PNUMA (2011), Shell no está aplicando su propia normativa interna ni tampoco cumple con las reglamentaciones nacionales, y por eso es imperativo establecer un mecanismo internacional vinculante.

La campaña liderada por Environmental Rights Action (ERA) / Amigos de la Tierra (AT) Nigeria para ponerle punto final a la quema de gases residuales se internacionalizó y derivó en una demanda judicial contra Shell presentada por una coalición de ONG locales e internacionales y la comunidad Iwherekan ante un tribunal nacional como caso testigo para generar precedentes5. El Tribunal Federal Supremo constituido en la Ciudad de Benín ordenó el 14 de noviembre de 2005 que se pusiera punto final a la quema de gas declarándola una “grave violación de los derechos humanos fundamentales a la vida y la dignidad, que incluyen el derecho a un medioambiente saludable, limpio, libre de venenos y de contaminación”.6

Shell ha demostrado una falta total de respeto por el sistema de justicia nigeriano, jamás habiendo presentado ningún esquema detallado de discontinuación progresiva. A pesar de la existencia de leyes de larga data contra la quema de gases residuales en Nigeria y debido a los cambios de las fechas tope para ponerle punto final a esa práctica, las llamaradas permanentes prosiguen con graves consecuencias para la salud de las personas que viven cerca. De ahí la necesidad de un orden superior para mantener a raya a Shell y conminarla a que cese la quema de gases residuales.

Derrames de petróleo

Más del 60% de los habitantes de la región dependen del ambiente natural del Delta del Níger para su sustento. Las prácticas ambientalmente destructivas de Shell en las comunidades de esa región han afectado gravemente a los pobladores que han perdido sus principales fuentes de sustento a causa de los derrames de petróleo que destruyeron tierras agrícolas y estanques de pesca y contaminaron sus fuentes de agua potable.

Entre 2004 y 2007, los derrames de petróleo de Shell destruyeron estanques de pesca y tierras de cultivo en las comunidades de Bodo y Goi. En 2004 hubo un gran derrame de petróleo del oleoducto transnigeriano que se extiende desde Ogoniland a la Terminal de Exportación de Bonny. El jefe Barizaa Dooh, uno de los demandantes en el caso, tenía estanques de pesca, gallineros y una panadería. El derrame destruyó todos sus estanques y otras tierras agrícolas. Los derrames de petróleo y los incendios tornaron totalmente inhabitable la comunidad7. En 2005, la comunidad de Oruma en el Estado de Bayelsa sufrió un derrame de petróleo de las instalaciones de Shell que destruyó los estanques de pesca, los campos de cultivo y los árboles, perdiendo así sus fuentes de sustento. En el caso del derrame de petróleo en Ikot Ada en 2007, la comunidad sufrió la contaminación de sus tierras de cultivo, estanques y tierras comunitarias.

ERA / AT Nigeria y su organización hermana Milieudefensie con sede en Países Bajos demandaron a Shell ante los tribunales de La Haya para exigir medidas de limpieza ambiental e indemnización para las víctimas por la pérdida de sus medios de sustento y la destrucción de sus tierras de cultivo y estanques de pesca en las comunidades de Goi, Oruma e Ikot Ada Udo.

El tribunal holandés dictaminó que Shell y su subsidiaria SDPC no eran responsables de los derrames de Oruma, Goi e Ikot Ada Udo entre 2004 y 2007. SPDC fue sin embargo declarada culpable de no haber hecho lo suficiente para evitar las acciones de sabotaje cuyo resultado fue el derrame de petróleo. El tribunal sentenció que en el caso del derrame en Ikot Ada Udo, SPDC podría haber evitado el sabotaje emparchando el pozo antes.8

La sentencia judicial fue apelada para obligar a Shell a pagar indemnización. Sin embargo, Shell sigue zafando de la justicia en base a tecnicismos, no a los aspectos sustanciales de la demanda. Claramente, los derechos de los pescadores fueron violados ya que la comunidad entera de Goi tuvo que abandonar sus hogares ancestrales y alejarse de las aguas tóxicas que dejó Shell en el río y las llanuras inundables de la comunidad.

Informe del PNUMA sobre Ogoniland

Ogoni es una tribu minoritaria muy unida de campesinos y pescadores en el Estado de Rivers en el sur de Nigeria. Ogoniland, su territorio, era antes considerada la principal zona productora de alimentos de ese estado.9 A medida que la degradación ambiental se hizo más y más evidente, en 1990, los Ogoni, a través de su organización representativa, el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP), se embarcaron en una campaña pacífica para ponerle punto final a la devastación de su ambiente natural causada por Shell. Los Ogoni fueron foco de atención internacional luego de una protesta pública masiva en contra de Shell Oil, liderada por el MOSOP, que exigió que las empresas petroleras y el gobierno limpien el medioambiente, paguen indemnizaciones adecuadas y regalías a las regiones productoras de petróleo.

La situación de degradación ambiental, protestas de las comunidades y asesinatos de activistas a manos del Estado con la complicidad de Shell es bien conocida.10

El informe sobre la contaminación de Ogoniland preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y publicado el 4 de agosto de 2011, muestra de manera inequívoca que el MOSOP bajo el liderazgo visionario de Ken Saro-Wira no exageraba al afirmar que se estaban cometiendo graves injusticias y violaciones de derechos humanos contra el pueblo Ogoni. La evaluación del PNUMA presentada al Presidente Goodluck Jonathan revela la contaminación por hidrocarburos en las aguas superficiales de los arroyos de Ogoniland hasta 8cm de profundidad y en las aguas subterráneas que alimentan los pozos de agua potable en 41 sitios, entre ellos un caso grave en Nisisioken Ogale en Eleme, Estado de Rivers. El estudio revela asimismo que los suelos están contaminados con hidrocarburos hasta 5 metros de profundidad en 49 sitios analizados, y que se encontró benceno –una sustancia química reconocida como cancerígena– en el agua potable, en concentraciones 900 veces mayores que las aceptadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El informe también documenta la destrucción de recursos pesqueros y que los humedales de Ogoniland se encuentran gravemente degradados o en vías de extinción. Estos impactos combinados han determinado una pérdida irreparable de medios de sustento e insumirá por lo menos 30 años remediarlos.11

En enero de 1997, más de 80.000 integrantes de la comunidad Ogoni celebraron el Día Ogoni a pesar de la represión creciente. Cuatro personas fueron heridas de bala y veinte más fueron arrestadas y torturadas. Según el MOSOP: “en los últimos meses, desde el aniversario del asesinato judicial del difunto líder Ogoni Ken Saro-Wiwa y ocho personas más, se ha desatado una ola temible de terrorismo de Estado en la zona, con el despliegue de más de 2.000 soldados armados. …Ogoni está en los umbrales de la extinción total”.12 El Consejo Mundial de Iglesias publicó un informe que confirma la situación desesperante que se vive en el delta: “En Ogoniland hoy impera un Estado de Sitio silencioso. La intimidación, violaciones (de mujeres), arrestos, tortura, tiroteos y saqueos de manos de los soldados continúan ocurriendo”.13

Que Shell y el gobierno nigeriano no hayan implementado las recomendaciones del PNUMA es incluso más desconcertante y demuestra el alto grado de impunidad. El PNUMA había recomendado el establecimiento de un fondo inicial de $1.000 millones de dólares para la limpieza inicial de la zona y la construcción de un complejo de atención médica, además de la distribución de materiales de socorro y carteles de advertencia en los lagos ácidos que son usados como piscinas por los niños Ogoni. Hasta la fecha no se ha hecho prácticamente nada para restaurar el medioambiente ni curar las heridas de injusticia y violaciones de derechos humanos.

Derrame de Shell en Bonga

En el derrame de Shell ocurrido el 20 de diciembre de 2011 en Bonga, 40.000 barriles de petróleo crudo se vertieron en el Océano Atlántico afectando a los pescadores cuya fuente de sustento son esas aguas. El anuncio de la Agencia Nacional de Detección y Respuesta a Derrames de Petróleo (NOSDRA) ordenándoles a los pescadores que regresaran del mar a tierra firme determinó la suspensión de sus actividades. El cumplimiento de la orden de NOSDRA de mantenerse alejados del agua desde el 22 de enero de 2011 al 23 de abril de 2012, acarreó penurias y pérdida de ingresos para los más de 30.000 pescadores de los cinco estados del delta del Níger.

Las comunidades sostienen que los productos químicos dispersantes peligrosos como el Slickgone NS, Corexit 9500 y 9527 y Biosolve, entre otros, utilizados por Shell Nigeria Exploration and Production Company Limited para fragmentar y dispersar su derrame de petróleo crudo del 20 de diciembre de 2011 en Bonga, se esparcieron a su vez a sus zonas de pesca, donde se convirtieron en la fuente de las enfermedades qeu después predominaron en las comunidades.

Las enfermedades que afectaron más frecuentemente a las comunidades fueron, entre otras: desordenes mentales e hipertensión; irritación en ojos, nariz, garganta, piel y lesiones; vómitos y sangrado rectal; daños en riñón e hígado; pérdida de memoria temporal y confusión; problemas respiratorios; abortos espontáneos y presencia de sangre en orina.

Tras el derrame en Bonga, la NOSDRA le impuso una multa de $5.000 millones de dólares a la Shell Petroleum Development Company (SPDC).14 El Director General de la agencia nigeriana de administración y seguridad marítima NIMASA, Patrick Akpobolokemi, afirmó en una audiencia pública organizada por la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Representantes que la agencia marítima estimó en $6.500 millones de dólares el monto total de indemnizaciones que deben pagárseles a las comunidades afectadas por el derrame por concepto de daños y perjuicios.15

Conclusión

Ni las campañas internacionales y locales de incidencia ni las agencias regulatorias nacionales han conseguido conminar a Shell a cambiar y respetar los derechos humanos en el delta del Níger en ninguno de estos casos. Ninguno se ha resuelto a favor de las comunidades ni se ha implementado ninguna acción de reparación. Shell se rehúsa a respetar a las agencias regulatorias, los gobiernos nacionales y las leyes nacionales, dando entonces la impresión que el sujeto de regulación se ha convertido en el agente regulador. Tal grado de impunidad pone de relieve la necesidad urgente de un mecanismo internacional para conseguir que las empresas rindan cuentas uniformemente ante la justicia, en lugar de permitirles escudarse detrás de mecanismos voluntarios que no son jurídicamente vinculantes.

Un mecanismo vinculante de este tipo debe ser de aplicación universal uniforme. El tratado debe incluir medidas cautelares aplicables a las violaciones ambientales y de derechos humanos, en lugar del sistema manipulable e ineficaz vigente de indemnizaciones. El consentimiento previo e informado debe ser una condición necesaria para negociar con las comunidades.

Leer la declaración escrita del CETIM

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