Declaración escrita: respeto de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela

Consejo de los derechos humanos
36° período de sesiones, 11 a 29 de septiembre de 2017

Tema 4 de la agenda : Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo

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Por el respeto de los derechos humanos, en particular del derecho a la autodeterminación, en la República Bolivariana de Venezuela [2] 

1. Preocupado por una presentación unilateral de la situación en Venezuela incitando a la violencia, el CETIM desea aportar la visión siguiente en el espíritu que se respete el derecho a la información, consagrado en la Carta internacional de los derechos humanos.

2. Después de la primera victoria del difunto Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 1998, un proceso de transformaciones socioeconómicas, políticas y culturales profundo, pero pacífico, está en curso en Venezuela. A partir de esta fecha, y hasta el éxito electoral del actual presidente, Nicolás Maduro, en abril de 2013, las fuerzas políticas reivindicando un programa progresista común han ganado la casi totalidad de las elecciones organizadas en el país – de manera libre y democrática, como lo certificaron numerosos observadores extranjeros independientes. Al mismo tiempo, las estructuras de la sociedad se democratizaron ampliamente, en particular, gracias al desarrollo de las formas de participación popular y comunal, y los derechos de los ciudadanos venezolanos progresaron considerablemente. No reconocer estos avances de las libertades civiles y políticas, y de la democracia en general, así como de los derechos económicos, sociales y culturales en este país, implicaría negar la evidencia.

3. Durante este período, algunos de los líderes de la oposición, apoyados por el Gobierno de los Estados Unidos de América, han revelado al mundo su concepción de la democracia, en reiteradas ocasiones: i) en abril de 2002, al intentar un golpe de Estado contra el orden constitucional, derrotado por la movilización del pueblo; ii) a partir de diciembre de 2002, con el cierre empresarial del sector petrolero, al cual el Gobierno respondió tomando el control de la compañía Petróleos de Venezuela S. A. e iniciando las misiones sociales; iii) durante todo el período que se examina, por incesantes operaciones de sabotaje de la economía nacional, organizadas en colaboración con los grandes propietarios privados hostiles a la democratización. El pueblo y los gobiernos sucesivos elegidos siempre hicieron frente a estos ataques de las fracciones más reaccionarias de la oposición con firmeza, pero manteniendo la paz.

4. Muchas veces reiterado en las urnas, el compromiso de una amplia mayoría de los venezolanos al proceso de transformaciones del país se explica por sólidas razones. Los progresos sociales fueron enormes desde 1999, en todos los ámbitos: salud, educación, cultura, alimentación, alojamiento, infraestructuras, servicios públicos, empleo, jubilaciones… Las estadísticas están a disposición para demostrarlo. La toma de control efectiva por el Estado del corazón de la economía – el sector petrolero – ha permitido por primera vez en la historia del país una distribución más justa de los ingresos derivados de los recursos naturales. En consecuencia, las desigualdades de los ingresos comenzaron a disminuir significativamente, si bien es cierto que queda un largo camino aún por hacer a este respecto. Hoy, Venezuela está, detrás de Cuba, la sociedad menos desigual de América Latina. Es evidente que todo esto, obtenido en beneficio de la mayoría, no puede satisfacer a los más afortunados.

5. Bajo la dirección del presidente Chávez, Venezuela tomó una parte activa a la construcción de un mundo más equilibrado, no unipolar. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio (ALBA), nacida en 2004, abrió la perspectiva de relaciones regionales de cooperación y solidaridad situándose a lo opuesto de los principios de competencia y maximización de las ganancias privadas utilizados por la globalización capitalista. Lo mismo sucede con las iniciativas aplicadas para permitir al Sur retirarse de la influencia del Fondo Monetario Internacional y de los oligopolios financieros dominados por el Norte. Un nuevo impulso atizó el espíritu de independencia latinoamericano, llevando a la creación de instituciones comunes en la región. Este importante avance para el pueblo del Sur no podía ganar la aprobación de las potencias del Norte ni de sus aliados locales.

6. En estas circunstancias, no es sorprendente observar que el proceso de transformaciones sociales en Venezuela levanta olas de ataques mediáticos furibundos, tanto dentro del país como en el extranjero. Estas campañas de prensa, radio y televisión, sino también mediante Internet y las redes sociales, ambas orquestadas por las potencias del dinero, incitan los odios y difunden las mentiras contra el movimiento progresista. Contrastan, sin embargo, con el silencio de los mismos medios de comunicaciones dominantes en el momento del golpe de Estado militar que derrocó al presidente Zelaya en Honduras (2009), o de los “golpes de Estados parlamentarios” que pusieron fin a los mandatos de los presidentes Lugo en Paraguay (2012) y Roussef en Brasil (2016). Esta escalada mediática ha aumentado de intensidad después de la muerte de Hugo Chávez y de la elección a la presidencia en 2013 del continuador de su proyecto, Nicolás Maduro. La coexistencia de facto involucrada por el triunfo de los distintos partidos de oposición en las elecciones legislativas (diciembre de 2015) ha impulsado a sus líderes más extremistas a sentirse autorizados a tratar de imitar los proyectos anteriores como el hondureño, paraguayo y brasileño, fundamentalmente antidemocráticos, y a dar un paso más desencadenando una amplia operación de desestabilización de Venezuela.

7. Esta escalada de violencia contra el presidente Maduro, legítimamente elegido, pasa inicialmente por un voto parlamentario de autoamnistíe de los crímenes y delitos (¡el reconocimiento de paso como tales!) cometidos por los líderes de la oposición. Agravada a continuación por una tentativa, rápidamente abortada por no haber cumplido las exigencias legales, de convocar un referéndum de revocación cuyo objetivo era destituir al presidente Maduro. Finalmente, y durante varios meses, el endurecimiento de una fracción de los opositores, muy divididos, se materializó en forma de llamadas para una intervención de potencias extranjeras, con la esperanza de verlas intervenir en los asuntos interiores y cuestionar la soberanía nacional. Fue, en primera instancia, la Organización de los Estados Americanos que se movilizó con el fin de excluir Venezuela de esta institución, sin tener en cuenta los intereses nacionales. Los más fanáticos de los opositores, que conocen el apoyo que favorece al Gobierno del presidente Maduro y al proceso de transformaciones en las masas populares, solo aspiran nada menos que a una intervención militar exterior contra su país.

8. Que sean venezolanas o extranjeras, las potencias que apoyan esta oposición llevan a cabo dentro de Venezuela una guerra económica. Mediante el control de la mayoría de los medios de producción en la industria y la agricultura, siendo capaces de afectar a la satisfacción de las necesidades de la población organizando conscientemente e inhumanamente, con la complicidad de redes identificadas como subordinadas a los Estados Unidos, retenciones y escaseces de productos alimenticios y de necesidades básicas; exportaciones en contrabando transfronterizo de bienes subvencionados – incluido el petróleo –; manipulaciones de los precios del mercado interno y distorsiones de la tasa de cambio de la moneda nacional en el mercado negro; evasión fiscal y fugas masivas de capitales; y, en general, un sabotaje sistemático de la economía nacional destinado a sumergirla en una “crisis” artificialmente mantenida. La impresión de “caos” que resulta sirve de pretexto a los bancos extranjeros y a algunas organizaciones internacionales para destacar el “riesgo-país” y, por lo tanto, el costo del endeudamiento – cuando las líneas de crédito exterior no son simplemente interrumpidas. El objetivo perseguido es intentar desestabilizar el proceso de transformaciones sociales en curso, privar al Estado de sus fuentes de ingresos y socavar la moral del pueblo por la exacerbación de las escaseces, desórdenes y descontentos. Esto es totalmente inaceptable.

9. Ninguno de los problemas encontrados – tienen que ver menos con los errores de gestión del Gobierno como a una voluntad deliberada de sus opositores – no es objetivamente analizado por los medios de comunicación dominantes. Lógico: los propietarios de los grandes medios de comunicación tienen interés para poner fin a este proceso de transformaciones democráticas que, por el ejemplo que representa, cuestiona el orden subyacente a su dominación. Por esta razón, hoy los proyectores apuntan sobre los eventos callejeros, en Caracas o en otras ciudades del país, presentados como el hecho de manifestantes “pacíficos” (cuando no son retratados como “héroes”), reprimidos por una supuesta “dictadura”. El tumulto actual no pudo evitar que desbordamientos tengan lugar de ambas partes. Pero extrañamente se encubren los crímenes, innegables, perpetrados por las fracciones extremistas de estos “manifestantes” – entre los cuales figuran grupos organizados de ideología de corte fascista y bandas de delincuentes estipendiados por la oposición más radical para sembrar el terror –, cuyas exacciones son activadas por la llamada a la violencia, irresponsable y yendo en aumento, de algunos parlamentarios. Así, entre falsa información y fotografías retocadas, es el mito de un nuevo episodio de las “revoluciones de color” que se inventa, al estilo de quienes, estos últimos años, han garantizado a facciones de extrema derecha serviles a los Estados Unidos accediendo al poder mediante el recurso de la fuerza. Estas manipulaciones de información, tan burdas como peligrosas, insultas a todos los periodistas intachables, pisoteando el derecho de los ciudadanos a informarse, haciendo el juego a los adeptos de la guerra civil, no pueden engañar a los observadores honrados.

10. Para encontrar una salida necesaria para la situación especialmente dolorosa que viven los venezolanos, el presidente Maduro anunció el pasado 1 de mayo su decisión de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Ante la negativa obstinada de los opositores más brutales de reanudar las negociaciones con el Gobierno legítimo del país, esta iniciativa traduce una intención presidencial de apaciguamiento, y también de ampliación del ámbito de las discusiones constructivas al conjunto de los componentes de la sociedad. Es también la consolidación de las conquistas y de las misiones sociales efectuadas desde 2003, de las formas existentes de participación democrática y las bases de la soberanía [3] que se busca a través de esta reforma de la Constitución. La palabra nuevamente se da al pueblo, de donde surge todo poder, por el voto. Tal como se concibe actualmente, esta Asamblea Constituyente se compone de 545 representantes, elegidos por el sufragio directo y secreto por circunscripción territorial o sector profesional (delegados de municipios, misiones y comunidades indígenas, y también estudiantes, empresarios, obreros, campesinos y pescadores, discapacitados, jubilados…).

11. Ahora, no se trata de subestimar los límites o de minusvalorar las insuficiencias del proceso de transformaciones en Venezuela; ni de parecer querer ignorar los motivos de desaprobación, o incluso de exasperación de numerosos ciudadanos – motivos generalmente vinculados a los males heredados del sistema capitalista, cuyo proceso en marcha no se emancipó totalmente (inseguridad persistente, caso de corrupción, desigualdades reducidas pero aún altas, mentalidad rentista…). No obstante, es necesario comprender que la parte fundamental de los problemas que conoce a la hora presente la gran mayoría de los Venezolanos tiene por origen en la híper concentración de la propiedad de los medios de producción entre las manos de una pequeña minoría de propietarios, suficientemente poderosos (y respaldados del extranjero) estando en capacidad de sumergir el país en una “crisis” – organizada de su parte –, de perjudicar el bienestar de la población y fomentar la multiplicación de los actos de violencia. Por consiguiente, nosotros nos pronunciamos por el retorno inmediato a la calma y al diálogo, por el respeto de la autodeterminación del pueblo venezolano y la profundización del proceso de transformaciones democrático que libre y valientemente ha iniciado desde hace dos décadas, en el espíritu de progreso social, justicia e independencia del presidente Chávez, manteniéndose fiel a las acciones y enseñanzas de Simón Bolívar [4] .

11. En el contexto de las múltiples crisis (político, socioeconómico, cultural, de alimentación, climático, migratorio…) y conflictos armados en muchas regiones del mundo, es irresponsable desencadenar el caos en Venezuela. Los que persisten en esta vía se responsabilizan por ello en conformidad del derecho internacional y deberían responder ante la justicia de sus actos.

12. En vista de lo que precede, consideramos que Venezuela necesita apoyo, tanto de la parte de los Estados como de los órganos de las Naciones Unidas, de acuerdo con la Carta de la Naciones Unidas y del derecho internacional sobre los derechos humanos, y no de una campaña de odio y estabilización.

[1] Se distribuye esta exposición escrita sin editar, en el/los idioma(s) tal como ha sido recibida de la(s) organización(es) no gubernamental(es).

[2] Declaración elaborada en colaboración con el Dr. Rémy Herrera, investigador en CNRS, París.

[3] Ver: Samir Amin (2017), La Souveraineté au service des peuples, CETIM, Ginebra

[4] Leer: Rémy Herrera (2017), Figures révolutionnaires de l’Amérique latine, Delga, París