«Il n‘y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé»
El Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) realizó recientemente un estudio nacional a gran escala sobre las condiciones de trabajo y la explotación de los trabajadores agrícolas en Guatemala. Este estudio es interesante en más de un sentido, y da una idea de la situación extremadamente precaria, próxima a la esclavitud, que enfrentan los trabajadores agrícolas en Guatemala2.
La propiedad y distribución de la tierra siempre ha sido un punto de conflicto en Guatemala, así como el origen de muchos de los conflictos violentos, de las relaciones de poder y de la estratificación económica y de clase de este país.
La historia de la acumulación de tierras por parte de un número muy reducido de propietarios ha llevado no sólo al latifundio, a las desigualdades socio-económicas, a la inseguridad alimentaria, etc., sino que por sobre todo ha contribuido y sigue contribuyendo a la aniquilación psicológica y a la “existencia” misma de la mayoría de los desposeídos de la tierra, los que sobreviven en condiciones de mendicidad en torno a las fincas transformados en jornaleros sobre-explotados.
El problema de la tierra en Guatemala debe pensarse como un problema antropológico. Los campesinos y los pueblos indígenas desposeídos de sus tierras se transforman en “subhumanos”, mientras que los jefes y empresarios amos de las fincas se arrogan cualidades de “superhombres.” Para los empleadores, los jornaleros (anteriormente legítimos dueños de estas tierras) son sólo instrumentos de explotación de la tierra. Y cuando llegan a ser conscientes de sus derechos y organizarse para defenderse los propietarios los denuncian como criminales, los persiguen, los encarcelan. Y si son líderes sociales y sindicales, incluso los hacen desaparecer.
Para darse cuenta de la magnitud de este fenómeno de explotación, los principales resultados de la encuesta se presentan a continuación, los que se analizan a la luz de la legislación nacional y los convenios internacionales, en particular los de la OIT, ratificado por Guatemala.
Hay que señalar en primer lugar que mientras se efectuaba la reciente encuesta realizada por CODECA acerca de las condiciones laborales de los trabajadores (hombres, mujeres y niños) en el sector agrícola en Guatemala, algunos líderes sociales y sindicales fueron perseguidos y encarcelados. Además, cinco directivos y sindicalistas fueron asesinados en estos últimos meses (marzo-julio de 2013)3. Los defensores de derechos humanos que han reunido las pruebas para esclarecer los asesinatos fueron amenazados y perseguidos por personas no identificadas.
En primer lugar, el 69% de los trabajadores agrícolas se definen como maya y sólo el 6% como mestizos. Un 25% son mujeres y el 11% son niños.
En cuanto a la seguridad laboral y sindical, todos los contratos de trabajo en las fincas son orales y sólo el 4% de todos los jornaleros son trabajadores con contratos permanentes. Para el 1% de los trabajadores hay una organización sindical en las fincas y para el 84% cualquiera que trate de organizar un sindicato es castigado inmediatamente por la pérdida de su trabajo.
Sólo el 14% de los trabajadores señala que trabaja 8 horas por día. Pero el 70% trabajan entre 9 a 12 horas diariamente en las fincas sin recibir pago por las horas extras.
La unidad de medida es la cantidad de trabajo producido por día y el 57 % de los jornaleros indican que necesitan ayuda de sus familias (mujeres y niños) para completar la tarea diaria impuesta por la producción, pero siempre con el mismo salario.
90% de los trabajadores gana menos que el salario mínimo mensual. 97% de las mujeres que trabajan ganan menos del salario mínimo.
En cuanto a las vacaciones anuales, sólo el 3% tienen este derecho y el 90% no lo tiene en absoluto. Al 42% de los jornaleros no se les paga por el día de reposo (domingo) y el 90% no están cubiertos por la seguridad social.
En cuanto a la salud y seguridad en fincas, el 94% de los trabajadores informan que están trabajando en una situación de peligro potencial, sin la protección adecuada. 95% dicen que no hay un local con higiene apropiada para comer durante la jornada de trabajo.
El control estatal de las condiciones de trabajo en las fincas es casi inexistente. Sólo el 1% de los jornaleros dicen haber estado al tanto de la visita de los inspectores del trabajo en las fincas y el 82% de los jornaleros señalan que los inspectores están corrompidos por los propietarios de las fincas.
En cuanto a la situación de los jóvenes jornaleros, su “esperanza de vida” en las granjas “moderno” es de unos 40 años. Los daños a la salud los hacen “improductivos”, de acuerdo a los criterios de las fincas. Entonces sobreviven sin ayuda estatal y sin ningún derecho, a pesar de las leyes nacionales y de las convenciones internacionales.
Estos pocos datos y cifras no pueden expresar plenamente la magnitud de la tragedia diaria del jornalero, atormentado por el miedo a ser despedido, mientras es sometido a este trabajo una condición similar a la esclavitud y que es, sin embargo, su única posibilidad de supervivencia.
En resumen, la encuesta del CODECA nos indica:
1) Las personas que trabajan en las granjas son en su mayoría indígenas que son víctimas de la discriminación, la exclusión social y de violaciones sistemáticas de sus derechos humanos.
2) Por su bajo nivel de educación y formación, los trabajadores agrícolas guatemaltecos no son conscientes de sus derechos como trabajadores. Estos derechos son, sin embargo, reconocidos en las leyes nacionales y los convenios internacionales. Esta falta de conocimiento los coloca en una situación de vulnerabilidad y desventaja frente a los intermediarios y empleadores sin escrúpulos cuando aceptan firmar con ellos contratos de trabajo e incluso ante los tribunales.
3) Las condiciones de trabajo en las fincas no son propicias para la educación y formación de los hijos de los trabajadores. Los padres que trabajan, abrumados por la magnitud de las tareas impuestas deben llevar a sus hijos a su lugar de trabajo para que puedan ayudarles.
4) Las disposiciones de la legislación nacional y el derecho internacional, en particular del trabajo son violadas sistemáticamente en las fincas, a menudo con la complicidad del Estado. De hecho, el pago de los salarios mínimos, la libertad sindical, la seguridad, las vacaciones, la seguridad social, el descanso semanal, la salud y la seguridad, etc. no se respetan en la mayoría de fincas.
5) El mercado de trabajo agrícola en Guatemala es “racializado” porque el trabajo duro se hace casi exclusivamente con la población indígena que no tiene un buen nivel educacional.
Este análisis es corroborado por los organismos de la ONU que se preocupan de los derechos humanos. En efecto, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos constatan que el 80% de la tierra cultivable es propiedad de un 2% de la población, mientras que la mayoría de la población, es decir los pueblos indígenas de este país, tienen acceso a un 2,5% y son víctimas de la discriminación y la exclusión. Teniendo en cuenta esta desigualdad flagrante, no es de extrañar que el 74,8% de los indígenas viven en la pobreza y el 58,6% de los niños indígenas sufren de desnutrición. En cuanto a 475.600 trabajadores agrícolas, la gran mayoría vive en la pobreza, sin acceso a alimentación, agua y vivienda adecuada, y con un acceso promedio a la educación, de 2,4 años4.
En vista de lo anterior, apoyamos las reivindicaciones de CODECA, así como las recomendaciones de los órganos de la ONU sobre derechos humanos, que incluyen, entre otras cosas, exigir al gobierno de Guatemala de proceder con urgencia a la reforma agraria, de hacer cumplir las leyes y reglamentos del trabajar y establecer un salario mínimo en el sector agrícola.
Instamos al Gobierno de Guatemala a cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos (económicos, civiles, políticos, sociales y culturales) y el derecho laboral, en particular los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los convenios de la OIT.
Hacemos un llamado al Consejo de Derechos Humanos que preste atención a las violaciones generalizadas y persistentes que sufren los pueblos indígenas en Guatemala.
30 de Agosto de 2013
