Senegal: Soberanía energética, una herramienta decolonial

Publicado en “Le Courrier”, el 3 de febrero de 2026
Por Raffaele Morgantini, representante del CETIM ante la ONU

Desde 2024, Senegal busca afirmar su soberanía energética renegociando los contratos extractivos heredados del régimen neocolonial anterior. Su enfrentamiento con la empresa transnacional petrolera australiana Woodside Energy ante un tribunal de arbitraje internacional ilustra la tensión entre la voluntad del país de liberarse de una lógica de explotación neocolonial y la arquitectura jurídica dominante del comercio internacional. Aclaraciones del CETIM.

Desde la llegada al poder del Pastef (Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad) en marzo de 2024 – con Bassirou Diomaye Faye elegido presidente y Ousmane Sonko, líder histórico del partido, nombrado primer ministro – el Gobierno senegalés desea concretar su promesa de «ruptura», en particular mediante la renegociación de los contratos petroleros y gasísticos. Esta política tiene por objeto cambiar el equilibrio de poder y recuperar parte de la soberanía sobre sectores estratégicos clave que durante mucho tiempo han estado dominados por intereses neocoloniales extranjeros.

En este contexto, se ha iniciado un pulso con la transnacional australiana Woodside Energy, un gigante del sector, en torno a la cuestión de las rentas petroleras. El objetivo: imponer un régimen fiscal más favorable para el país. A cambio, la empresa ha recurrido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para exigir una indemnización económica por la reforma, invocando las cláusulas de un acuerdo de 1999 entre Senegal y Australia sobre la protección de las inversiones. Más concretamente, la petrolera demanda a Senegal por la aplicación retroactiva de un cambio fiscal que considera una violación de las protecciones garantizadas por ese tratado bilateral de inversión.

Sin embargo, detrás de esta disputa jurídica se esconde una batalla política y económica que afecta a la estructura: la búsqueda de una verdadera independencia económica frente a poderosos actores transnacionales, agentes de una estrategia neocolonial de larga data que tiene como objetivo despojar a los Estados africanos de sus recursos.

La justicia al servicio del gran capital. La mayoría de los tratados bilaterales de inversión contienen cláusulas que autorizan a un inversor —en este caso, Woodside Energy— a demandar al Estado anfitrión de sus actividades —Senegal— ante un tribunal de arbitraje internacional. La particularidad de estos «mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados» (ISDS) es su carácter vinculante y coercitivo. De este modo, las empresas transnacionales pueden impugnar leyes públicas, incluidas las medioambientales o sociales, adoptadas para el bienestar de la población, y obtener importantes indemnizaciones en virtud del supuesto “derecho a la protección de las inversiones”. Los mecanismos ISDS encarnan ni más ni menos que una forma contemporánea de neocolonialismo jurídico, que reduce la capacidad de los Estados para definir libremente sus políticas públicas. En otras palabras: los beneficios antes que los pueblos, la justicia privada contra la soberanía.

Sin embargo, cabe recordar que la renegociación de los contratos petroleros no es una excepción, sino una práctica ya observada en muchos países que, en diferentes momentos de su historia, han revisado sus acuerdos energéticos o incluso nacionalizado sus hidrocarburos. El nuevo Gobierno senegalés aspira a aumentar sus ingresos fiscales para financiar sus inversiones y construir un modelo de desarrollo autocentrado, en el que los ingresos petroleros beneficien directamente a la población. Desde esta perspectiva, la revisión de los contratos parece un camino ineludible que todo país verdaderamente independiente debería emprender.

Un legado de asimetría de poder. Tradicionalmente, las compañías petroleras desempeñan un papel determinante en la gestión de los recursos naturales de los países del Sur. Ellas concentran los conocimientos técnicos y la información estratégica, lo que crea una asimetría de poder estructural en detrimento de los Estados productores. Una asimetría desmesurada que ha llevado a muchos países africanos a firmar contratos desfavorables. Senegal quiere romper con este legado y reequilibrar una relación marcada por una correlación de fuerzas desfavorable y desigual.

Sin embargo, el reto es enorme. Los precios del petróleo se fijan en los mercados internacionales, sujetos a la especulación y a una fuerte volatilidad. Mientras que potencias como Arabia Saudí o Rusia pueden influir en los precios gracias a su peso, un país como Senegal sigue expuesto a fluctuaciones que escapan a su control. A esto se suma el hecho de que los volúmenes producidos y los datos esenciales sobre la rentabilidad dependen a menudo de las propias empresas. En este contexto, la inversión a largo plazo sigue siendo compleja. Sin embargo, para Dakar se trata de un paso obligado para transformar los ingresos petroleros en una verdadera palanca de desarrollo autocentrado.

Perspectivas de autodeterminación. La dinámica más amplia en la que se inscribe este pulso es la de cuestionar un marco económico y comercial heredado del colonialismo, que durante mucho tiempo ha mantenido a los países africanos sumidos en la pobreza. Más allá del litigio con Woodside Energy, Senegal defiende la soberanía nacional para que sus recursos sirvan a su pueblo, con una perspectiva de autodeterminación.

Al afirmar su voluntad de renegociar estos contratos, Senegal vuelve a poner sobre la mesa un debate crucial: ¿cómo replantearse la arquitectura económica mundial para que sea más democrática, más equitativa y, sobre todo, para que esté al servicio de los pueblos?

En este sentido, Senegal debe, al igual que otros países, retirarse del tratado relacionado con el Convenio para la solución de controversias relativas a inversiones entre Estados e inversores, que rige el CIADI. Todo Estado que desee recuperar su soberanía debe retirarse de este marco jurídico neocolonial.