Sanción y castigo de los crímenes contra el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario

11/11/2004
Comisión de derechos humanos

Intervención al tema 11 (d): Independencia del poder judicial, administración de justicia, impunidad. Exposicion escrita presentada por el CETIM y la AAJ

E/CN.4/2004/NGO/58

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I. La captura del ex presidente Saddam Hussein en diciembre 2003 suscitó inmediatamente dos cuestiones: 1) su estatuto jurídico y 2) qué jurisdicción o tribunal debería juzgarlo por las graves violaciones a los derechos humanos que se le imputan.

A la primera cuestión, el Gobierno de los Estados Unidos respondió atribuyéndole el estatuto de prisionero de guerra, es decir sujeto a las disposiciones del 3er. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949.

La segunda cuestión es mucho más compleja

El Tribunal Penal Internacional de reciente creación queda excluido pues sólo tiene competencia para los crímenes posteriores a su entrada en funciones en julio de 2002 y a Saddam Hussein se le imputan graves violaciones a los derechos humanos en su país desde hace más de un cuarto de siglo.

La creación de un tribunal «ad hoc» implica el riesgo de que el mismo carezca de la necesaria independencia, imparcialidad y objetividad, vistos los antecedentes en la materia1.
Como la gran mayoría de los crímenes que se le imputan a Saddam Hussein han sido cometidos en el territorio de Irak, la solución más conforme con el derecho sería que fuera juzgado por un tribunal irakí. Pero para ello hace falta que se establezca previamente en Irak un gobierno legítimo y representativo, surgido de elecciones realmente libres, celebradas sin ocupación extranjera pero bajo un control auténticamente internacional y que de esa manera puedan constituirse en dicho país tribunales competentes e imparciales.

En un proceso contra Saddam Hussein y sus colaboradores ante un tribunal realmente independiente surgiría sin duda la cuestión de sus complicidades exteriores, es decir quienes le facilitaron los medios para cometer los crímenes que se le imputan y lo ayudaron a mantenerse en el poder durante tres decenios.

Esto sería particularmente enojoso para varias grandes potencias, lo que puede explicar la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de otorgar el estatuto
de prisionero de guerra a Saddam Hussein, a fin de reservarse la posibilidad de someter a éste a sus propios tribunales e incluso a un tribunal militar estadounidense, mediante una interpretación arbitraria de los artículos 84 y 85 (juzgamiento de un prisionero de guerra) del 3er. Convenio de Ginebra. Los artículos 84 y 85 del 3er. Convenio se refieren a las infracciones correspondientes al fuero militar que pueda haber cometido el prisionero y no a los crímenes de guerra u otras violaciones graves a los derechos humanos.

II. Un proceso independiente contra Saddam Hussein podría llevar al banquillo como cómplices a personajes encumbrados de distintos países.

En setiembre de 1993 debía comenzar en los Estados Unidos el proceso por el financiamiento ilícito al régimen de Saddam Hussein durante la guerra Irán-Irak por un monto de varios miles de millones de dólares, a través de la sucursal de Atlanta (EEUU) de la Banca Nazionale del Lavoro italiana.
Pero el 2 de ese mes y año la Ministro de Justicia del gobierno de Clinton, Janet Reno, anunció un acuerdo con el principal imputado, Chris Drogoul, ex director del Banco de Atlanta. La consecuencia de este acuerdo fue que no hubo juicio, sólo una audiencia para fijar el monto de la pena, de conformidad con el sistema del “plea bargaining”.

El juez Marvin Shoob, que se había ocupado antes del caso, dejó entrever claramente que no iba a aceptar la versión de que el traspaso ilegal durante varios años de miles de millones de dólares a Irak era obra de una sola persona, director de una sucursal de un Banco italiano, sin que llegara jamás al conocimiento de los servicios secretos y de las cancillerías de los grandes países, comenzando por los Estados Unidos.
Al juez Shoob le parecía más plausible que tales operaciones formaban parte de un aspecto de la política extranjera que se quería mantener oculto. El juez Shoob no pudo verificar su hipótesis, pues le fue retirado el expediente.
Si se hubiera abierto el proceso, era previsible que la defensa de Drogoul hubiera pedido que comparecieran, entre otras personalidades, Bush padre y James Baker III (que fue Secretario de Estado del Gobierno de Bush padre, miembro del Gobierno de Reagan y que ahora tiene por misión lograr que las grandes potencias condonen la deuda externa de Irak).
El asesor del banco italiano Banca Nazionale del Lavoro no era otro que Henry Kissinger, titular de “Kissinger Associates”2. El mismo Kissinger que en 1991, en plena guerra del Golfo, explicaba a una Comisión del senado estadounidense porqué había que dejar en el poder a Saddam Hussein.

La política de no apoyar a los movimientos internos de oposición a Saddam Hussein continuó por lo menos hasta 1995, como explica un ex funcionario de la División de Operaciones de la CIA destacado en misión ese año en la zona norte de Irak, controlada por las fracciones kurdas3.

III. En mayo de 2003 Amnesty International publicó un informe de 73 páginas titulado “Catálogo de fracasos: Exportaciones de armas del G8 y violaciones de derechos humanos” (AI INDEX: IOR 30/003/2003, 19 Mayo 2003 ).
La parte referida a Irak se titula ” ¿Quién armó a Irak? ” y, entre otras cosas dice :
” A la sombra de los masivos preparativos militares encabezados por Estados Unidos contra Irak de finales de 2002 y principios de 2003, surgieron pruebas de que todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, así como varios Estados de Europa Oriental, habían suministrado armas y material afín al gobierno de Irak…
” Antes de la Guerra del Golfo de 1991, al menos 20 países fueron acusados de estar implicados en el desarrollo de la base tecnológica de diferentes programas de armas iraquíes, y concretamente del programa de armas químicas. (Cordesman, A. H., Weapons of Mass Destruction in the Middle East (Brassey’s: Londres, 1991), pp. 64-65). En diciembre de 2002, el gobierno iraquí entregó a la ONU un expediente de 12.000 páginas en el que figuraban los nombres de empresas británicas, francesas, rusas, estadounidenses y chinas como proveedores de tecnología armamentística a Irak….
” Diecisiete empresas británicas citadas como proveedores a Irak de tecnología armamentística nuclear, biológica, química, de misiles y convencional serán sometidas a investigación y podrían ser enjuiciadas. Según el expediente, 24 firmas estadounidenses vendieron a Irak armas que incluían tecnología nuclear y de misiles, y alrededor de “50 subsidiarias de empresas extranjeras hicieron sus negocios de armas con Irak desde Estados Unidos”. Alemania aparecía como el mayor socio de Irak en el comercio de armas, con 80 empresas que vendieron tecnología armamentística a este país. Aunque la mayor parte del comercio finalizó en 1991, con el estallido de la Guerra del Golfo, Rusia, China y, según los informes, Portugal, vendieron armas a Irak después de 1991, contraviniendo las resoluciones de la ONU. (“Revealed: 17 British Firms Armed Saddam with his Weapons”, The Sunday Herald, 23 de febrero de 2003; “Portugal sold arms to Iraq in violation of UN embargo: report”, Agence France Presse, 27 de febrero de 2003). Según los informes, la ONU afirmó que la divulgación de los nombres de las empresas sería contraproducente…

” En agosto de 1991, los inspectores de armas de la UNSCOM (órgano de la ONU) elaboraron una lista de empresas que habían proporcionado tecnología a los programas de armas químicas y biológicas de Irak. La lista no se hizo pública, pero los gobiernos pueden obtener información sobre la implicación de las empresas de su país mediante una solicitud especial a la ONU. (“Made in the USA”, LA Weekly, 21-27 de marzo de 2003. Los gobiernos de Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China deben divulgar la lista de empresas que suministraron tecnología a los programas de armas químicas, biológicas y de otra índole de Irak).

” Algunas empresas alemanas han sido sometidas a investigaciones penales por presunta infracción del embargo de armas contra Irak. El Reino Unido y Estados Unidos han sido acusados de apoyar el programa de armas químicas y biológicas de Irak mediante la venta de productos químicos y de tecnología.

“Las empresas británicas vendieron miles de kilos de ingredientes básicos de gas nervioso y de gas mostaza a Irak e Irán el año pasado, confirmó ayer el Ministerio de Comercio […] Las cifras del Ministerio muestran que se han exportado a Irak 2.000 kilos de difluoruro de metilfosfonilo. Este es el ingrediente básico del gas nervioso sarín […] Empresas británicas vendieron asimismo 38.000 kilos de metilfosfonato de dimetilo y otros ingredientes del sarín a Irak.” (Andrew Beitch, The Guardian, 6 de abril de 1984)….

” Se calcula que cuatro años después de la publicación de este artículo, en marzo de 1988, 5.000 personas fueron asesinadas deliberadamente y miles resultaron heridas como consecuencia de los ataques con armas químicas realizados por las fuerzas iraquíes contra la ciudad de Halabja, en el norte de Irak. La mayoría de las víctimas eran civiles, muchas de ellas mujeres y niños “.

No debe sorprender entonces el silencio de las grandes potencias cuando en octubre de 1988 Saddam Hussein hizo gasear a 5000 kurdos en Hallabjah.

IV. Estos hechos, que son del dominio público, se pretendieron ocultar censurando el informe de 12000 páginas presentado por Irak en diciembre de 2002 al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Al llegar el informe al edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, en lugar de ser entregado al Secretario General como correspondía, fue secuestrado – con el asentimiento del presidente de turno del Consejo de Seguridad – por funcionarios estadounidenses, quienes adujeron que estaban mejor equipados que la Secretaría de la ONU para hacer las fotocopias.

Antes de entregar copias a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, el informe fue “depurado” (¿por quién?) de algunas partes, con el pretexto de que la difusión de las mismas podía violar el Tratado de no proliferación nuclear.

Ya en el momento del insólito secuestro del informe de Irak por funcionarios estadounidenses trascendió que el mismo fue “depurado” de las partes que indicaban quiénes proveyeron de armas y otros materiales “sensibles” a Irak: empresas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y China, entre otras. es decir empresas de todos los Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad y de algunos otros Estados . Los diarios Tageszeitung de Alemania y The Independent de Gran Bretaña, publicaron el 18 de diciembre de 2002 extensas listas de las empresas involucradas en el comercio de armas con Irak, que figuraban en la parte censurada del informe.

Ningún Estado protestó por la mutilación del informe, realizada con la finalidad evidente de encubrir a quienes proveyeron de armas y material para producir gases letales al régimen de Saddam Hussein.

Es indispensable un tribunal realmente independiente e imparcial para juzgar a Saddam Hussein y sus colaboradores, a fin de que salgan a luz todas las responsabilidades, inclusive las complicidades internacionales.


1 Los tribunales creados por el Consejo de Seguridad, donde el poder de decisión lo tienen las grandes potencias, no es seguro que respondan a los criterios de independencia, objetividad e imparcialidad. Una prueba concluyente en ese sentido es la suerte corrida por las denuncias presentadas por diferentes equipos de juristas internacionales al Tribunal para la ex Yugoslavia sobre los crímenes cometidos por la OTAN en la guerra contra dicho país. La fiscal Carla del Ponte desechó dichas denuncias sosteniendo - con argumentos jurídicamente insostenibles e ignorando hechos de pública notoriedad - que no se justificaba siquiera iniciar una investigación. El documento pertinente fue redactado por el equipo de colaboradores de la Fiscal, encabezado por el Sr. William Fenrick, jurista especialista en derecho humanitario y…comandante retirado de la marina canadiense, país miembro de la OTAN. Otros tribunales, como el Tribunal Especial para Sierra Leona, fruto de un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Sierra Leona, se aproxima más al modelo de un verdadero tribunal independiente. El fiscal, que ha sido nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas, es quien tiene la llave de la promoción de la acción penal, como es característico del sistema anglosajón. Habría que saber si es por simple azar que el Fiscal es un estadounidense, ex funcionario del Ministerio de Defensa y oficial retirado del Ejército de su país.
2 Christopher Hitchens, Les crimes de monsieur Kissinger, ediciones Saint-Simon, Francia, 2001, pág. 187.
3 Robert Baer, La chute de la CIA, ediciones Gallimard, Paris 2003, capítulos 14 a 18.

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