La implicación de la sociedades transnacionales en la elaboración y puesta en marcha del Plan Colombia

11/11/2001
Comisión de derechos humanos

Intervención al tema 9 :Cuestion de la violacón de los derechos y las libertades fundamentales en cualquier parte de la mundo. Exposicion escrita conjunta presentada por el CETIM y la AAJ.

E/CN.4/2001/NGO/184

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1. El plan Colombia

Presentado como una lucha contra el tráfico de estupefacientes y oficialmente intitulado “plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado”, el plan Colombia es en realidad una operación militar cuyos objetivos reales van en contra de los propósitos expresados públicamente.

Se trata esencialmente de una iniciativa de Washington, ampliamente elaborada por el Departamento de Estado norteamericano y aceptado por el Presidente Andrés Pastrana de manera bilateral, sin que la sociedad civil ni el Congreso colombianos hubieran sido consultados. Es, además, por la prensa, El Espectador del 2 de enero de 2000, que el país lo conoció.

Este plan pretende por una parte, asentar la hegemonía de los Estados Unidos, principalmente militar, en la región, y de otra, permitir a las sociedades transnacionales norteamericanas explotar las riquezas del país sin obligación de orden social o medioambiental, de conformidad con los privilegios de la oligarquía local. Tierra, explotación petrolera, reservas de gas, proyectos hidroeléctricos, zonas bananeras, industria turística, biodiversidad de la Amazonia y megaproyectos de construcción, como el del canal interoceánico, son las apuestas “escondidas” del plan Colombia .

Este plan Colombia se ejecuta despreciando totalmente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las poblaciones colombianas, quienes son las primeras víctimas, como lo demuestra los desplazamientos masivos. En efecto, estos desplazamientos revelan uno de sus aspectos más cínicos. Tierras vaciadas de sus habitantes siendo más propicias, por ejemplo, para la agricultura intensiva, la explotación petrolera o minera. Antes de constituir una de las consecuencias de esta guerra, los desplazamientos de poblaciones son unos de sus propósitos. Además, es revelador que el 80% de “la ayuda” internacional prevista sea dedicada al aspecto militar del plan y sólamente 4.8% a las consecuencias de los desplazamientos masivos que engendra.

El plan Colombia costará 7.328 millones de dólares. La parte del gobierno colombiano será de 3.300 millones de dólares y la de Estados Unidos de 1.600 millones de dólares. Estaba previsto que el resto fuera financiado por la Unión Europea, pero ésta última ha rechazado su participación.

El plan Colombia es ante todo de carácter militar. Sus brazos armados son, de una parte, los Estados Unidos a través de la concesión de fondos públicos, el envío de material y asesores; y de otra, el ejército colombiano, aliado a los paramilitares y sostenido por la oligarquía local y los grandes terratenientes. El 70% de las exacciones cometidas en el país son atribuidas a los “grupos paramilitares (que) se han convertido en el brazo ilegal de la fuerza pública; ejecuta por su cuenta el trabajo sucio que su carácter de autoridad sometida a la ley le impide hacer”.

Los objetivos reales del plan Colombia

A pesar de su título prometedor, el plan Colombia no favorece la paz ni la prosperidad y menos aún el fortalecimiento del Estado. En realidad, los objetivos perseguidos a través de su elaboración y aplicación son los siguientes:

– reforzar, equipar y entrenar el ejército colombiano con el fin de combatir las guerrillas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en primer lugar y retomar el control de las zonas que ellas ocupan;
– proceder a las fumigaciones químicas y biológicas de los campos de coca;
– reprimir los movimientos sociales (campesinos, indígenas, pescadores, sindicatos, etc…);
– asentar la hegemonía militar de los Estados Unidos en la región;
– asegurar el control norteamericano sobre el petróleo colombiano en un contexto geopolítico marcado por la posición de Venezuela y de Ecuador en la materia;
– permitir a las sociedades transnacionales (STN) norteamericanas explotar los recursos naturales del país de manera masiva y sin obligación de orden social y/o medioambiental;
– acelerar el proceso de acaparamiento de las tierras eternizando los privilegios de la oligarquía local.


Las consecuencias sociales y medioambientales del plan Colombia

Los defensores de este plan pretenden actuar por el bien de Colombia y asegurarle un futuro mejor. Pero los hechos son de otro modo y las consecuencias que engendra son de un alcance extremadamente grave:

– por su carácter militar, exacerba el contexto de violencia que conoce el país y favorece las exacciones perpetradas en contra de las poblaciones civiles y, en consecuencia, acentúa los desplazamientos de poblaciones;
– amenaza con abarcar toda la región;
– ofrece una ayuda sustancial a los paramilitares, cuya colusión con el ejército nacional no se necesita probar, disfrutando de la impunidad de la que ellos gozan;
– mina las negociaciones de paz porque el sustento de los paramilitares que constituyen un verdadero obstáculo al logro de tales negociaciones;
– “narcotiza” el conflicto cuando los cultivos ilegales no son la causa, sino lo contrario, el resultado de la concentración de las tierras y la deterioración de las condiciones económicas y sociales de los campesinos, la coca se ha convertido en la sola fuente de ingresos;
– las fumigaciones químicas y biológicas ya iniciadas son de una violencia extrema para la salud de las poblaciones (destrucción de cosechas de subsistencia, envenenamiento del agua, aparición masiva de úlceras, irritación de los ojos, etc..);
– estas fumigaciones ya han producido un impacto considerable y del cual no se conoce el alcance sobre el medio ambiente, poniendo en peligro una de las más ricas biodiversidades del planeta.

Los campesinos que huyen de las zonas contaminadas por las fumigaciones encuentran nuevas tierras deforestando la Amazonía, participando sin querer en su destrucción progresiva.

La posición de La Unión Europea
El plan Colombia no toma en cuanta las causas económicas, sociales y políticas que condujeron al país a esa situación. Es, principalmente, lo que le reprocha la Unión Europea que se inscribe contra esta “solución” militar y propone:

– un creciente apoyo a la cooperación económica e institucional;
– retoma de las negociaciones con las FARC y el gobierno;
– la apertura de negociaciones multilaterales que impliquen los actores de la sociedad civil;
– el estímulo a una verdadera reforma agraria;
– favorizar el restablecimiento de condiciones económicas, sociales y políticas permitiendo a todos de gozar plenamente de los Derechos Humanos;

En cuanto al trafico de estupefacientes, que sea tomada en cuenta la repartición de responsabilidades entre paises consumidores y paises productores y, que sean iniciadas estrategias aspirando a combatir el blanqueo de dinero.

2. El plan Colombia: una guerra con fines privados de la que se benefician ampliamente las sociedades transnacionales (STN) norteamericanas

El plan Colombia una guerra por la tierra, las materias primas y las riquezas del país

Colombia es efectivamente de un interés geoestratégico notorio para la hegemonía militar de los Estados Unidos, pero representa tambien intereses económicos colosales para las sociedades transnacionales americanas. Apoyándose sobre el ejército y la oligarquía local que favorece, el plan Colombia tiene como fin inconfesado, aunque conocido, de explotar intensivamente las riquezas del país como lo muestra el contenido de las enmiendas propuestas por los senadores Dewine, Grassley y Coverdell: “Insistir para que el gobierno colombiano complete las reformas urgentes destinadas a abrir completamente su economía a la inversión y al comercio exterior, particularmente a la industria del petroleo”.

Fuera de contexto, esas palabras parecen banales. Pero tienen mucho peso. Comezando por el acento puesto sobre el carácter completo de la apertura económica esperada. Es cierto que las sociedades transnacionales están ya muy presentes en Colombia. ¿Habría que concluir que tienen la intención de apropiarse del país entero?

Lo que así reclaman los señores senadores Dewine, Grassley, es un eufemismo. En realidad, lo que el plan Colombia ofrece a los STN, retomando el control sobre las regiones dominadas por las FARC, equivale a entregarles completamente un país en el cual están ya ampliamente implantadas gracias a la liberación de los mercados y de los capitales y a las olas de privatización impulsadas por el FMI – que presiona el Estado con el fin de que reduzca su deficit fiscal y pueda obtener divisas destinadas a la amortización de una deuda externa impagable. Ellas poseen por ejemplo, “85% de la propiedad de las empresas públicas de electricidad obtenidas a precios irrisorios (51% de la Empresa de energía de Bogotá han sido vendidos por 2800 millones de dólares, un tercio del valor real; de esta suma, 1100 millones de dólares han sido descapitalizados en 1999)”.

Estas privatizaciones contribuyen a debilitar la economía nacional y se traducen además por un alza de los costos para los usuarios. “De esa manera la energía sufrió un alza de más de 300% desde 1994; solo en el año 1998, el precio del teléfono local pasó de 5 pesos por minúto a 15 pesos”.

En el sector agrícola, las STN han beneficiado de los Acuerdos de la OMC y de la apertura de las fronteras que minaron la agricultura del país. Estamos asistiendo a un aumento de la concentración de las tierras entre sus manos y las de los terratenientes y a una disminución de las tierras dedicadas a los cultivos de subsistencia en beneficio de las culturas de exportación. Divisas y deuda obligan. Autosuficiente en arroz en 1990, Colombia importa hoy 450 mil toneladas por año.

Cuando los señores Dewine, Grassley y Coverdell hablan abiertamente de explotación petrolera en Colombia, sus voces hacen eco a las del Vicepresidente de la Occidental Petroleum Company – hoy tristement célebre por las aciones cometidas contra el pueblo U’wa- que pide, que el plan Colombia no se concentre solamente sobre el Putumayo, la empresa estando preparada para comenzar sus operaciones al Norte del país. De ahí a decir que el plan Colombia es el brazo armado del capital no hay sino un paso.

Intereses privados y responsabilidades políticas

Aun en los Estados Unidos, el compromiso público en favor del plan Colombia ha puesto problemas en términos de responsabilidad política. El gobierno norteamericano quiere protegerse de las posibles consecuencias políticas de su compromiso. A pesar de un consensus sobre el fondo del programa, el Congreso votó el acuerdo a regañadientes y hubo que esperar hasta junio de 2000 para que el Senado diera su visto bueno. Las sumas comprometidas y el aporte de material militar han sido reducidos. El número de consejeros americanos sobre el terreno han sido limitados.

Pero no se trata para nada de reducir el compromiso americano hacia el plan Colombia. Gracias a la práctica del Outsourcing, el gobierno de los Estados Unidos subcontrata una parte de los medios militares que pone a disposición. “Antiguos miembros de las Fuerzas especiales US, “especialistas” y expertos independientes están esperados en Colombia, bajo contrato privado, para asumir las tareas que las Fuerzas armadas americanas no pueden o no quieren asumir”.

Conclusión

El plan Colombia es una guerra oficialmente financiada por fondos públicos nacionales e internacionales. Pero esta guerra, cuyos enemigos designados son el tráfico de estupefacientes y las guerrillas, es de hecho, una guerra pretendiendo tomarse las riquezas del país. De hecho, el plan Colombia es una guerra cuyos costos humanos y finacieros son públicos y los beneficios ampliamente privados.

De esta forma, solicitamos que las responsabilidades de las sociedades transnacionales comprometidas en el plan Colombia sean seriamente tomadas en consideración con el fin de que los mandatarios, como los autores de violaciones de los Derechos Humanos, cotidianamente cometidos en Colombia, no continuen sus actividades con total impunidad.

En vista de lo anterior, el CETIM y la AAJ condenamos la aplicación del plan Colombia, llamamos a la comunidad internacional a oponerse por todos los medios apropiados con el fin de hacer respectar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo colombiano y, recomendamos que la Comisión de Derechos Humanos adopte una resolución yendo en este sentido.


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