La criminalización de las luchas por las semillas ancestrales en el marco de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos viola el derecho a la vida y el derecho a la alimentación en Colombia

11/11/2013
Session 24Consejo de derechos humanos

Item 4 del orden del día: debate general

Exposición conjunta presentada por CETIM y International Association of Democratic Lawyers



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Señor Presidente,
Desde el pasado 19 de agosto, el mundo rural colombiano se moviliza ante la tentativa del gobierno de imponer por la fuerza los acuerdos de libre comercio firmado, en particular, con los Estados Unidos. Las reservas de semillas campesinas tradicionales fueron el blanco de destrucción orquestadas por el instituto colombiano Agropecuario (ICA), quienes, para preparar el terreno a estos acuerdos, prohibió todas las semillas no certificadas. De este modo, la práctica ancestral de mejoramiento de producción de semilla se vio criminalizada a través del decreto Nº 970, adoptado en 2010.
Las fuerzas del orden intervinieron violentamente para destruir varios miles de toneladas de las mejores semillas destinadas al mantenimiento y a resembrar los principales cultivos y esto para obligar a los campesinos a comprar a precio muy elevado las semillas patentadas por un puñado de sociedades transnacionales agroalimentarias (principalmente Monsanto, Sygenta y Dupont). Es lo que provocó la revuelta de los campesinos y de otros sectores de la sociedad colombiana quienes convocaron a una huelga general y bloquearon los caminos en varios departamentos.

La respuesta del gobierno es la represión y la criminalización de los manifestantes, causando varios civiles muertos ente ellos, miles de heridos y de detenciones.
Los manifestantes reclaman en concreto la anulación de estos acuerdos denominados tratados de libre comercio que, en lugar de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, las hacen morir de hambre. Así, estos acuerdos son incompatibles con los instrumentos internacionales en materia de los derechos humanos, especialmente en el derecho a la vida, del derecho a la alimentación, del derecho de los pueblos a la autodeterminación y de la soberanía permanente sobre los recursos naturales. Por otra parte, como lo precisa el artículo 2.2 de los dos pactos internacionales en materia de derechos humanos: “En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.” Este ejemplo demuestra la urgencia de adoptar por el Consejo de los derechos humanos una Declaración sobre los derechos de los campesinos con el fin de ofrecerles una mejor protección.
EL AIJD y el CETIM exhortan al gobierno colombiano a tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir sus obligaciones internacionales en materia de los derechos humanos. Nuestras organizaciones le piden al Relator Especial sobre el derecho a la alimentación efectuar una visita y al Consejo de los derechos humanos de examinar la situación de los derechos humanos en este país.

Ginebra, el 17 de septiembre de 2013


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