Cuba: El hambre como herramienta de guerra

El año 2026 marca el sexagésimo aniversario de la Conferencia Tricontinental de La Habana, un hito histórico en los movimientos de descolonización y liberación nacional. Si bien hubiera sido legítimo esperar la celebración en Cuba de la solidaridad entre los pueblos, de la marcha de las naciones hacia la plena soberanía y de la igualdad de derechos; la realidad a la que está sometida la nación cubana resulta profundamente contraria a estas aspiraciones.

Los debates celebrados durante el 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos han permitido analizar con rigor el impacto de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos dirigidas contra Cuba. La señora Alena Douhan (Relatora Especial de la ONU) presentó las conclusiones de su visita a este país, dedicada a los «efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos».

En su informe, la Sra. Douhan recuerda que el embargo impuesto a Cuba abarca un amplio espectro de sanciones instauradas por el gobierno de Estados Unidos desde 1962 y que continúa sin tregua. Las restricciones más importantes se refieren a la prohibición de los flujos financieros y al bloqueo del tráfico marítimo con destino a la isla. La Relatora Especial subraya que el endurecimiento de este bloqueo por parte de Estados Unidos en enero de 2026 acentúa la situación de precariedad de la isla caribeña. Según ella, estas medidas constituyen una grave violación de los derechos humanos garantizados por la Carta de las Naciones Unidas, en particular la violación del derecho a la alimentación.

En efecto, la escasez de combustible provocada por el embargo tiene como consecuencia una disminución considerable de la producción alimentaria cubana. Este sector funciona con menos del 40 % del combustible necesario para su funcionamiento normal. Esta situación impacta, entre otras cosas, la producción (-21 % de producción en la carne de res) y provoca inflación en los productos alimenticios (37 % en 2024).

La población cubana también se ve perjudicada en su derecho fundamental a la salud. Aunque los productos médicos están teóricamente exentos de las medidas de bloqueo, la aplicación de la llamada regla del «10 % de minimis», que estipula que cualquier bien comercial que contenga al menos un 10 % de componentes de origen o bajo licencia estadounidense está sujeto a sanciones, obstaculiza el envío de la mayoría de los medicamentos hacia Cuba. Esta situación genera graves escaseces, afectando particularmente las pruebas de detección del dengue y del chikungunya, los repelentes de mosquitos, así como los tratamientos destinados a patologías cardíacas y oncológicas. La falta de material médico provoca considerables retrasos en los servicios médicos; la Sra. Douhan informa de más de 96 000 pacientes (incluidos 11 000 niños) en espera de una intervención quirúrgica. Esta situación tiene como consecuencia el aumento de la tasa de mortalidad y un mayor riesgo de epidemias.

Más allá de la escasez de medicamentos, es toda la industria farmacéutica cubana la que se encuentra debilitada. La Relatora Especial ilustra esta constatación con el ejemplo de un equipo de fabricación alemana que requería repuestos y la intervención de técnicos especializados. Ante la negativa del fabricante alemán de proceder con las reparaciones, la restauración de la máquina fue finalmente llevada a cabo por expertos rusos.

El informe subraya la dependencia de las infraestructuras cubanas a las importaciones de equipos y repuestos desde el extranjero. Los efectos acumulados de las diferentes medidas del bloqueo son la causa principal de los recurrentes cortes de electricidad (que pueden durar hasta 20 horas), lo cual socava la distribución y disponibilidad de los recursos básicos para la población isleña (electricidad, agua, gas).

En el ámbito académico, las restricciones financieras y administrativas impuestas por Estados Unidos constituyen un obstáculo significativo para la cooperación. Numerosos investigadores y especialistas se ven disuadidos de realizar trabajos conjuntos con las instituciones cubanas, debido a los riesgos que pesan sobre su libertad de circulación, en particular la amenaza de una revocación de su autorización de viaje a Estados Unidos (ESTA) o la suspensión de su visa. Lo mismo ocurre con el trabajo humanitario; las ONG y los voluntarios renuncian a intervenir en el territorio cubano por temor a las sanciones.

Con el fin de mitigar esta situación, el gobierno cubano ha implementado un conjunto de políticas destinadas a atenuar las repercusiones del embargo. En el plano económico, se ha puesto en marcha una reforma destinada a estimular el sector de las pequeñas y medianas empresas. Paralelamente, el Estado subsidia los productos de primera necesidad (arroz, azúcar, detergentes, jabón, etc.) al tiempo que aplica tarifas simbólicas para garantizar el acceso de la población a los servicios públicos esenciales, en particular la electricidad, el gas y el agua.

En el marco de la asistencia a los ciudadanos afectados por las consecuencias del huracán Melissa, los residentes de las zonas damnificadas se beneficiaron de una ayuda estatal que cubre hasta el cincuenta por ciento del costo de los materiales de construcción, a pesar de que Cuba (2,2 millones de damnificados) recibió 35 veces menos ayuda humanitaria que Jamaica (1,6 millones de damnificados).

La Sra. Douhan afirma que la isla se ve reducida a menos del 40 % de sus capacidades económicas a causa del conjunto de medidas coercitivas unilaterales, comprometiendo gravemente el disfrute de los derechos humanos de la población cubana y golpeando duramente a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El informe demuestra una vez más que estas medidas constituyen de hecho un «castigo colectivo» que ataca prioritariamente a las personas en situación de precariedad. El deterioro de los servicios públicos amenaza la vida del pueblo cubano, en primer lugar, a las mujeres embarazadas, las personas mayores, los niños y los enfermos. Dos de cada tres habitantes deben saltarse comidas y las listas de espera en los hospitales no dejan de alargarse.

Además, la Relatora Especial subraya que esta situación excede el marco bilateral entre Cuba y Estados Unidos, dado que estas medidas impuestas arbitrariamente por Washington son aplicadas al pie de la letra por instituciones financieras y otras empresas transnacionales, sin reacción alguna por parte de los Estados donde estas entidades tienen su sede. Es por ello que menciona la complicidad de terceros Estados, en particular los occidentales, en la empresa estadounidense.

Cabe recordar que los castigos colectivos, así como la privación de alimentos y del acceso a tratamientos médicos, constituyen violaciones manifiestas del derecho internacional. Infligir tales sufrimientos a toda una población, bajo el pretexto de luchar contra el autoritarismo, constituye una forma de chantaje ideológico. Semejante enfoque viola igualmente el derecho internacional humanitario.

En conclusión, la Relatora Especial de la ONU insta a Estados Unidos y a todos los demás Estados miembros de la ONU a respetar el principio de no injerencia. Insta al Consejo de Derechos Humanos a exigir el levantamiento de todas las sanciones impuestas a Cuba, debido a su carácter ilegal. Recuerda que, al aplicarse estas sanciones de manera unilateral, corresponde a todos los Estados asumir sus responsabilidades con respecto a sus empresas e instituciones nacionales que obstaculizan de facto la plena realización de los derechos humanos en Cuba.

En este contexto, las autoridades suizas también tienen la obligación de garantizar el respeto del derecho internacional y de los derechos humanos. La inacción de nuestras instancias dirigentes equivale a un apoyo a la crisis humanitaria provocada por Estados Unidos en Cuba. La pasividad de nuestras instituciones contribuye así al aumento de la mortalidad, a la falta de asistencia durante desastres naturales, así como a la asfixia criminal que sufre la población civil de la isla.

Huelga recordarlo, este embargo constituye un innegable fracaso estratégico. El mantenimiento de este bloqueo no refleja otra cosa que una lógica de injerencia ilegal e ilegítima de Estados Unidos con un desprecio absoluto por la soberanía nacional cubana. Ya es hora de que todas las entidades culpables de violaciones a los derechos de la población cubana rindan cuentas y permitan por fin que esta última disfrute plenamente de sus derechos fundamentales.

Paris Galaz, Colaborador del CETIM Ginebra, 8 de octubre de 2026