«Il n‘y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé»
Ginebra, 17 de junio de 2026
El CETIM expresa su solidaridad con la lucha del pueblo boliviano contra las políticas neoliberales del gobierno oligárquico de Rodrigo Paz y la tutela de las instituciones financieras internacionales. Esta movilización social de alcance nacional está impulsada principalmente por los movimientos y organizaciones campesinas y indígenas, y cuenta con el apoyo de las organizaciones obreras, sindicales y estudiantiles, así como de los barrios populares. Estas movilizaciones reflejan el rechazo incondicional de los sectores populares al deterioro de sus condiciones de vida, provocado por las políticas de austeridad y la subyugación del Gobierno a las políticas imperialistas estadounidenses y de las instituciones mencionadas.
Esta crisis tiene su origen en un rápido deterioro de la situación económica y social: aumento de la pobreza, inflación, caída de los salarios, recortes en los subsidios públicos, reducción de los servicios esenciales (alimentación, salud, educación y transporte), entre otros factores. Estas medidas se justifican en nombre de la “estabilización económica”, pero en realidad trasladan el costo de la crisis a los sectores populares.
A ello se suman las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones financieras internacionales, que orientan las políticas públicas hacia la reducción del gasto social, la flexibilización económica y una mayor apertura al capital extranjero. En numerosos países, incluida Bolivia durante la década de 1990, estas políticas de ajuste estructural ya produjeron los mismos efectos: privatizaciones, retroceso de los derechos sociales y aumento de las desigualdades y pobreza extrema.
En el centro de la crisis se encuentra también la cuestión estratégica de los recursos naturales. Bolivia posee importantes reservas de litio, tierras raras y recursos mineros, que se han vuelto fundamentales en las cadenas transnacionales de valor. Las políticas actuales abren estos sectores a una mayor integración en los circuitos del capital transnacional, bajo la presión de los mercados financieros y los intereses de las empresas transnacionales.
Otra causa importante de la crisis radica en la aprobación de la Ley 1720, promulgada en abril de 2026, que supone una contrarreforma agraria en beneficio de los intereses del agronegocio. Con el pretexto de facilitar el acceso al crédito a pequeños productores, esta legislación desvirtúa la condición jurídica de las pequeñas explotaciones agrícolas, que sin embargo están protegidas por la Constitución boliviana como patrimonio familiar inalienable. Al permitir su transformación en explotaciones de tamaño medio que pueden ser hipotecadas, el Gobierno abre deliberadamente el camino a un despojo de tierras a gran escala. Esta medida viola de manera flagrante el artículo 17 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP), que garantiza el derecho a la tierra y exige a los Estados que protejan a los trabajadores rurales y al campesinado contra la enajenación arbitraria de sus medios de subsistencia.
Para las organizaciones campesinas, esta reforma constituye una amenaza directa contra sus territorios y sus medios de subsistencia. Su aprobación sin consulta previa a las comunidades afectadas provocó una amplia movilización social, convirtiendo la soberanía alimentaria y la defensa de la tierra y el territorio en uno de los principales motores de la protesta.
En este contexto, la lucha popular también adopta la forma de reacción natural ante el incumplimiento de sus promesas de campaña y programa de gobierno que fue propuesto durante el ciclo pre-electoral.
A la vez, estas movilizaciones expresan una defensa de la soberanía nacional y popular sobre los recursos naturales frente a un gobierno cada vez más alineado con los intereses de Estados Unidos y de las empresas transnacionales. Para los movimientos sociales, se trata de oponerse a una nueva fase de apropiación privada de recursos estratégicos y mercantilización de los bienes comunes.
En este contexto, cabe resaltar que las movilizaciones son expresión de un ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos del pueblo boliviano, de su derecho a la libre asociación, a la libre expresión y opinión, propio de un sistema democrático.
Ante la magnitud de las movilizaciones, el gobierno responde con la militarización del país, la amenaza de declarar un estado de emergencia y la represión de las movilazaciones. Bajo el pretexto de la “restauración del orden”, estas medidas buscan quebrar la dinámica de protesta popular. Además, vienen acompañadas de detenciones, procesos judiciales e intentos de criminalización del movimiento social.
Condenamos firmemente estas prácticas, así como cualquier intento de deslegitimar las movilizaciones presentándolas como conspiraciones u operaciones políticas. Las protestas expresan una indignación social real y profundamente arraigada en las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población.
En pasados días, el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción y en su mensaje, advirtió a grupos vinculados al “narcoterrorismo” que su gobierno actuaría con firmeza para preservar el orden constitucional y la seguridad del país. El mismo presidente hizo un llamado para que la población civil participe junto a las fuerzas del orden en desmantelar las movilizaciones.
La situación en Bolivia no puede entenderse de forma aislada. Se inscribe en una coyuntura regional marcada por una intensificación de las estrategias imperialistas estadounidenses, que han endurecido la correlación de fuerzas en América Latina.
En varios países se observa el ascenso o la consolidación de fuerzas de extrema derecha (Argentina, Chile, Ecuador, Salvador, Honduras, Paraguay, Bolivia), el fortalecimiento de proyectos neoliberales autoritarios y, en algunos casos, episodios de golpes o desestabilización política.
El movimiento boliviano forma parte así de una dinámica más amplia de resistencia popular en América Latina. Frente a ello, también se observa el crecimiento de formas de autoorganización: comités de huelga, asambleas locales, coordinaciones comunitarias. Estas formas organizativas expresan la voluntad de orientar el movimiento social desde sus bases.
Las mujeres desempeñan un papel decisivo en estas movilizaciones, tanto en la organización de las movilizaciones como en la defensa social y política del movimiento. Su compromiso pone de relieve la dimensión profundamente social y colectiva de esta lucha.
Hoy, en Bolivia como en el resto de América Latina, la lucha contra la oligarquía, contra la dominación de las instituciones financieras internacionales y contra la injerencia imperialista es inseparable de la lucha por la justicia social, por el derecho de los pueblos a la autodeterminación y por la soberanía popular.
Siguiendo la tradición de solidaridad internacionalista promovida por el CETIM, reafirmamos nuestro apoyo a los pueblos, organizaciones y comunidades que resisten las políticas de despojo y construyen alternativas basadas en la justicia social, en la democracia real, en la soberanía popular (y en particular la cultural, alimentaria y energética).
La lucha del pueblo boliviano es hoy la de todos los pueblos que rechazan la dominación imperialista ejercida a través del poder de las empresas transnacionales y de las oligarquías nacionales. Su resistencia merece nuestra solidaridad activa y nuestro compromiso común.
Ante esta situación, instamos a las autoridades bolivianas de respetar sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, en particular de derecho a la libertad de asociación y expresión, y de derechos campesinos. Sobre todo teniendo en cuenta que el Estado Plurinacional de Bolivia desempeñó un papel impulsor fundamental en la negociación y elaboración de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos campesinos.
Por ultimo, llamamos a todos los pueblos, organizaciones y movimientos sociales a movilizarse solidariamente con lucha existencial del pueblo boliviano.
