«Il n‘y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé»
El 17 de abril, el Día Mundial de las Luchas Campesinas resaltó un combate fundamental en el plano internacional: el de los campesinos y campesinas y comunidades rurales que luchan por sus tierras y sus derechos.
El acaparamiento de tierras se extiende como un reguero de pólvora, sostenido por la lógica de las ganancias del sector del “agribusiness”, de las empresas transnacionales de extracción y de vastos proyectos de “desarrollo”. Estas dinámicas atentan contra los campesinos y campesinas al provocar la deforestación y la mercantilización de los recursos naturales, así como el reemplazo de los terrenos agrícolas por zonas comerciales o industriales.
Frente a esta amenaza, la resistencia campesina se ve frecuentemente reprimida de manera brutal: acoso, vigilancia, acusaciones falaces de ser “enemigos del Estado” o del “progreso”, encarcelamiento con cargos falsos y hasta desapariciones. Los que destruyen las tierras reciben protección, mientras que se persigue como delincuentes a los que las defienden. Pero a pesar de este contexto hostil, los campesinos y campesinas siguen organizándose para defender su derecho a la tierra y a una vida digna.
En las Filipinas, un caso emblemático sostenido por el CETIM y sus organizaciones asociadas ilustra esta lucha: desde 2009, los campesinos de la región de Bataan, coordinados en el movimiento SANAMABASU, resisten al acaparamiento de sus tierras que llevan a cabo las compañías Litton & Co. y Riverforest Development Corporation (RDC). Dichas empresas, que buscan industrializar las zonas agrícolas, han intensificado la represión: procesos judiciales contra los campesinos que se movilizan para defender sus derechos, comienzo de procedimientos de expulsión para desalojarlos de sus hogares y de sus tierras de cultivo.
El 16 de septiembre de 2024, luego de que el CETIM y sus organizaciones asociadas hubiesen elevado una queja, varios relatores especiales de la ONU dirigieron un comunicado conjunto a las empresas en cuestión y al gobierno filipino en el que expresaban sus fuertes inquietudes respecto a las detenciones arbitrarias, las expulsiones, la destrucción de casas y la criminalización de las luchas.
La Riverforest Development Corporation negó estas alegaciones y afirmó que las tierras no eran cultivables, además de acusar a los campesinos y campesinas de abusar del programa de reforma agraria. El gobierno filipino ha declarado de manera falsa que se habían retirado las acusaciones de “estafa sindical”1 contra los campesinos, aunque los procesos judiciales siguen en curso. Un elemento positivo es que, en enero de 2025, luego de la queja elevada a la ONU y gracias a la presión ejercida a nivel nacional e internacional, varios campesinos encarcelados fueron puestos en libertad.
El movimiento SANAMABASU, con el apoyo de numerosas organizaciones de la sociedad civil (entre ellas el CETIM), continúa su combate para exigir :
1En tagalo en el original (n. del trad.). La “estafa colectiva” se define en el decreto presidencial número 1689 como un grupo de cinco o más individuos que forman una organización para defraudar al público, en general con la intención de desviar fondos o bienes a gran escala, lo cual se castiga incluso con la prisión permanente.
