«Il n‘y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé»
Un amplio movimiento de la sociedad civil se está ahora enfocando en la cuestión de los océanos, y múltiples iniciativas nacen para regular su depredación por parte de las grandes potencias. Fruto de un compromiso de largo aliento, esta cuestión finalmente se ha elevado frente al Consejo de Derechos Humanos.
En su informe presentado a la sesión número 58 del Consejo de Derechos humanos, la señora Astrid Puentes Riaño1 , relatora especial sobre el derecho a un medioambiente limpio, sano y durable, pinta un panorama alarmante: los derechos de 492 millones de personas que dependen de manera total o parcial de la pesca tradicional se ven amenazados por la crisis ecológica y las políticas económicas y comerciales injustas.
El informe recalca que las poblaciones costeras, los pueblos autóctonos, las pescadoras y los pescadores tradicionales y las comunidades marginalizadas sufren de manera desproporcionada los efectos nefastos de la degradación de los océanos. Las mujeres, quienes representan casi la mitad de la mano de obra en el sector pesquero, son particularmente vulnerables, debido a que se ven excluidas con frecuencia de los procesos de toma de decisiones y no pueden beneficiarse del reconocimiento de sus derechos tradicionales. Las pescadoras y los pescadores contribuyen con sus conocimientos y prácticas ancestrales a la preservación de la biodiversidad y se enfrentan a la expansión de la pesca industrial que monopoliza los recursos y degrada los ecosistemas marinos.
Frente a estos desafíos, la relatora especial exhorta a los Estados a adoptar un enfoque ecosistemático basado en los derechos humanos para la gestión de los océanos, y a prevenir, resolver y reducir los daños causados en el medio marino mediante el refuerzo de la normativa medioambiental y la aplicación del principio de precaución.
También recomienda garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia para las comunidades afectadas por las actividades marinas, además de insistir en la necesidad de restaurar los ecosistemas marinos, tales como los arrecifes coralinos, los manglares y los pastizales submarinos, amén de proteger los hábitats vulnerables frente a las actividades industriales. Además, hace un llamado a los Estados para reforzar los derechos de las pescadoras y de los pescadores tradicionales, poner fin a la pesca excesiva y eliminar los subsidios que favorecen la pesca industrial no durable.
Debemos recordar que, al igual que los derechos de las·campesinas y los campesinos y demás trabajadores de la tierra, los derechos de las pescadoras y los pescadores tradicionales están protegidos por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (artículo 1). Si los titulares de derechos la utilizasen de manera coherente, esta Declaración permitiría avanzar en la aplicación del derecho a la alimentación y en la protección de los derechos de las poblaciones que dependen de la pesca tradicional.
1. Cf. A/HRC/58/59, 31 de diciembre 2024.
