Declaración escrita: por el respeto de los derechos del pueblo cubano y por el leventamiento del embargo

08/09/2017

Consejo de los derechos humanos
36° período de sesiones, 11 a 29 de septiembre de 2017

 

Tema 3 de la agenda : Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo

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Por el respeto al derecho del pueblo cubano a decidir su futuro  y por el levantamiento del embargo estadounidense contra Cuba [2] 

 

  1. El CETIM está muy preocupado por el embargo, unilateral, ilegal e ilegítimo impuesto por los Estados Unidos de América a Cuba durante más de 55 años, el cual provoca numerosas violaciones de los derechos humanos del pueblo cubano. Este embargo se ha visto reforzado por el nuevo gobierno estadounidense.

 

  1. En efecto, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 16 de junio de 2017 en Miami su decisión de reconsiderar – en los próximos 90 días – algunas de las medidas tomadas por su predecesor e imponer a partir de ahora un cambio en las relaciones que la administración que él dirige debe tener con Cuba. Ha cambiado la tendencia del proceso de acercamiento entre los dos países, iniciado tras las declaraciones conjuntas de los presidentes Barack Obama y Raúl Castro el 17 de diciembre de 2014, y que había conducido al restablecimiento de relaciones diplomáticas el 20 de julio de 2015 y al inicio del desarrollo de vínculos de respecto y de cooperación entre sus gobiernos y sus pueblos, de acuerdo con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Se deroga así el decreto presidencial del 14 de octubre de 2016, que no renunciaba a la intención de fomentar un cambio de sistema en Cuba, pero reconocía el fracaso de los medios utilizados por Washington, así como la soberanía del pueblo cubano y la legitimidad de su gobierno. Las negociaciones bilaterales de los últimos tres años, que habían permitido avances reales (apertura de embajadas, acuerdos de inmigración, cooperación en materia de seguridad…) y se dirigían a la normalización, entran de ahora en adelante, en una fase regresiva. Los motivos invocados por el presidente Trump son belicosos, anacrónicos e intervencionistas: hacen referencia a la defensa de los intereses estadounidenses en el extranjero contra la “opresión comunista” y a la reafirmada voluntad de injerencia de la Casa Blanca en los asuntos internos del pueblo cubano con el fin de determinar en su lugar las instituciones políticas y socio-económicas que debería adoptar. Para todos los pueblos del mundo que reclaman el respeto a su derecho a la autodeterminación, esto es totalmente inaceptable.

 

  1. El presidente Trump, con una difícil postura desde que asumió sus funciones, discutido en su país por sus posiciones antisociales por parte de una oposición que no se debilita (hasta en las filas republicanas), criticado en todas partes en el exterior por sus políticas inmigratorias y de medio ambiente que desprecian a sus vecinos y a toda la humanidad, ha dejado el tema cubano en manos de los sectores más rencorosos y vengativos de su electorado. El público de Miami presente el pasado 16 de junio en el teatro Manuel Artime (nombre del ex-mercenario de la Brigada 2506 que intentó en vano invadir Playa Girón en abril de 1961 para derrocar al gobierno nacido de la revolución de 1959) estaba compuesto nada más que de notables estadounidenses ultra-reaccionarios guiados por el senador Marco Rubio, el congresista Mario Díaz-Balart y el gobernador de Florida, Rick Scott. Entre ellos también se encontraban muchos exiliados cubanos de extrema derecha, fanáticos y sedientos de sanciones entre los cuales parece que había – por cierto, el ministro de Asuntos Exteriores cubano Bruno Rodríguez ha desafiado al presidente Trump a que lo desmienta – antiguos torturadores del gobierno dictatorial de Fulgencio Batista e individuos conocidos por la justicia de los Estados Unidos por haber cometido acciones terroristas contra Cuba. Esta Orden se ha impuesto, bajo la influencia de este puñado de individuos sumergidos en un obscurantismo de otra época, contra la opinión netamente mayoritaria de los ciudadanos estadounidenses que desean tener por fin relaciones pacíficas con Cuba. Y, contrariamente a lo que piensa el presidente Trump, mal rodeado y asesorado, la comunidad cubana residente en los Estados Unidos, en las circunscripciones (entre otras, Florida) en las que es más numerosa, no votó mayoritariamente por él en las elecciones de diciembre de 2016. Todo esto no hace más que alterar un poco más la credibilidad del presidente Trump.

 

  1. Aún así, el nuevo “Memorándum presidencial de seguridad nacional sobre el fortalecimiento de la política de los Estados Unidos hacia Cuba”, firmado el 16 de junio de 2017, prevé un endurecimiento de las acciones contra el levantamiento del embargo (bloqueo, de facto) – aunque el 26 de octubre de 2016, en nombre de su país y por primera vez, la embajadora estadounidense Samantha Power se abstuvo en la votación de la Asamblea General de la ONU. El dispositivo previsto por la administración Trump pretende golpear los motores de la economía socialista prohibiendo cualquier actividad de compañías estadounidenses con empresas vinculadas con los ministerios cubanos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o del Interior. Apunta especialmente al conglomerado GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), del que dependen, entre otras, Gaviota (turismo), Antex (agencia de joint-ventures), Cimex (importación/exportación), Ausa (puerto de Mariel), y también empresas de los sectores energético, industrial, inmobiliario, infraestructural, bancario-financiero, e incluso agrícola o tecnológico. Lo que se busca es dañar a Cuba privando a su economía del máximo de ingresos en divisas.

 

  1. Al atacar a las empresas públicas, estas medidas afectarán a toda la economía, incluido el sector privado. Representan claramente un endurecimiento del bloqueo estadounidense contra Cuba. Desde hace 25 años, este ha sido condenado por la casi totalidad de los países miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A pesar de las órdenes reiteradas de la ONU, continúa siendo impuesto por la voluntad unilateral, pero aislada, del gobierno estadounidense. Impuesto en 1962, este bloqueo se agravó a raíz de la ley Torricelli de 1992 y la Helms-Burton de 1996. Aunque bajo las legislaturas de Obama se flexibilizó un poco, la esencia del bloqueo sigue en vigor. Según fuentes cubanas, sus daños económicos sobrepasan los 100 mil millones de dólares. Frena las exportaciones, el turismo, las inversiones directas extranjeras y las transferencias de divisas. Afecta a la industria farmacéutica y a las biotecnológicas en las que Cuba posee un gran potencial atractivo y numerosas patentes. Cruel e inhumano, cuesta sobre todo incontables sacrificios al pueblo cubano, privado del goce de sus derechos humanos elementales, incluidos el derecho a la autodeterminación y al desarrollo. Sólo la voluntad del Estado cubano de mantener a cualquier precio su modelo social ha evitado un drama humanitario – que es el objetivo de este bloqueo. La prioridad dada por este Estado al desarrollo humano explica la excelencia de los indicadores estadísticos de salud y de educación en Cuba, a pesar de las restricciones presupuestarias. La extraterritorialidad de las reglas impuestas a la comunidad internacional por las sanciones unilaterales de los Estados Unidos es una violación típica de la Carta de las Naciones Unidas. Viola el derecho internacional humanitario, así como el principio de soberanía de los Estados, confirmado por la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, de decidir en plena libertad su sistema político, socio-económico y cultural. Es contrario al derecho a la autodeterminación, privando al pueblo cubano de sus propios medios de subsistencia. Ilegal, ilegítimo, puede asimilarse a un acto de guerra no declarada de los Estados Unidos contra Cuba. Dirigido a atentar contra la integridad física y moral de un pueblo, a hacerle sufrir al máximo, podría constituir un crimen contra la humanidad. Tiene que cesar inmediata e incondicionalmente.

 

  1. Además, el nuevo “Memorándum presidencial” de 16 de junio de 2017 acentúa aún más las restricciones a la libertad de circulación de los ciudadanos estadounidenses: así, se prohíben sus viajes individuales a la isla como turistas en la categoría de “intercambios pueblo a pueblo” y se efectuará un control más estricto sobre los que viajen bajo otra categoría. Por lo tanto, se trata de una importante violación de las libertades civiles en los Estados Unidos.

 

  1. Es evidente que las recientes medidas tomadas por el presidente Trump perjudicarán igualmente a las propias empresas estadounidenses. Les cierran de manera absurda las múltiples oportunidades abiertas hacia una economía emergente y cercana, en los sectores de la agricultura, la industria y los servicios – además de ir en contra de los principios de librecambio que los Estados Unidos reivindican para sí mismos en el mundo. Esto hará perder empleos e ingresos a los trabajadores estadounidenses – mientras que el candidato Trump había prometido todo lo contrario durante su campaña – y comportará un sobre coste para los contribuyentes, en incremento de controles burocráticos y de las autoridades – todo lo contrario a las ideas de “menos administración y más eficacia” preconizadas por el nuevo presidente. En resumen, estas medidas serán contraproducentes y nefastas para la economía de los propios Estados Unidos.

 

  1. A todo esto hay que añadir que el gobierno estadounidense se priva a si mismo de un socio vecino preciado y prestigioso, para reforzar la estabilidad regional en América Latina y el Caribe. Se sabe que el papel de Cuba ha sido del todo fundamental, por ejemplo, en la organización de las negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, que tuvieron lugar en la Habana y condujeron finalmente a la resolución de un conflicto de más de medio siglo de antigüedad. Washington pierde la ocasión de continuar con la cooperación iniciada con el gobierno cubano en materia de lucha contra el terrorismo internacional, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el cibercrimen, el fraude fiscal, el blanqueo de activos financieros ilícitos… No hace falta extendernos aquí sobre el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos, cuya violencia se ha convertido desde hace mucho tiempo en una modalidad de existencia, se encuentra bastante mal situado para dar a nadie lecciones de democracia o de derechos humanos.

 

  1. No podía ser de otro modo: este giro brutal del presidente Trump ha levantado una oleada de protestas en los Estados Unidos, dentro de la clase política (no sólo entre los Demócratas), en el mundo de los negocios (desde los representantes de la Cámara de Agricultura de Indiana, uno de los mayores Estados exportadores de productos alimenticios y de donde es originario el vice-presidente Mike Pence, hasta la dirección de la cadena hotelera Starwook, que inauguró un Sheraton en Cuba hace un año), así como entre la sociedad civil, muchos de cuyos sectores ahora apelan al gobierno para que reconsidere su decisión y vuelva a entrar en razón. En el extranjero, las condenas llegan de todas partes: los gobiernos de Canadá, Venezuela, Bolivia, Rusia, Bélgica…. También han convergido hacia la Habana, desde todos los continentes, incontables muestras de simpatía y de solidaridad.

 

  1. El Consejo de Derechos Humanos ha condenado varias veces las medidas coercitivas unilaterales. En su última resolución 34/13, adoptada el 24 de marzo de 2017, reclamó, a todos los Estados “que se abstengan de imponer medidas coercitivas unilaterales e insta también a que se eliminen esas medidas, que son contrarias a la Carta y a las normas y principios que regulan las relaciones pacíficas entre los Estados en todos los niveles, (…) a que no reconozcan ni apliquen dichas medidas”. Les exhorta “a que adopten medidas administrativas o legislativas efectivas, según proceda, para contrarrestar la aplicación o los efectos extraterritoriales de las medidas coercitivas unilaterales”.

 

  1. Por todas las razones expuestas, nos pronunciamos a favor de que se retome el camino de la normalización de las relaciones entre los Estados Unidos de América y la República de Cuba; de conformidad con los objetivos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Esto pasa por el respeto de la independencia de Cuba, de la soberanía de su pueblo, de la legitimidad de su gobierno, del derecho inalienable de todo Estado a escoger su sistema político, socio-económico y cultural sin injerencia de cualquiera naturaleza que sea, de la igualdad y de la reciprocidad de los socios, y el conjunto del derecho internacional existente. También implica el fin de los programas subversivos financiados por el gobierno estadounidense (incluso en materia educativa) contra el orden constitucional en Cuba, el levantamiento del bloqueo y el pago de compensaciones mutuas por el tema de la propiedades de bienes nacionalizados al principio de la revolución, el cierre de la base de Guantánamo (zona de no-derecho) ocupada tras la época neocolonial y la restitución a Cuba de este territorio que le pertenece, así como el reconocimiento de la autodeterminación de Cuba y de su elección de construir una sociedad diferente, basada en la paz, la justicia, la igualdad y el progreso social; una sociedad que su pueblo y el gobierno que libremente se ha dado quieren “socialista, democrático, próspero y sostenible”.

 

 

[1] Se distribuye esta exposición escrita sin editar, en el/los idioma(s) tal como ha sido recibida de la(s) organización(es) no gubernamental(es).

[2] Declaración realizada en colaboración con el Dr. Rémy Herrera, investigador del CNRS, París.

Categories Declaraciones Derechos humanos
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