Negociaciones en la ONU acerca del tratado vinculante sobre las ETN: Quo Vadimus?

10/12/2019

La quinta sesión del Grupo de trabajo intergubernamental de la ONU encargado de elaborar un tratado vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales (ETN) se celebró en Ginebra, del 14 al 18 de octubre de 2019.

El grupo de trabajo abordó el fondo del problema con la presentación de la versión revisada del proyecto de tratado por su presidencia, asumida por Ecuador. Numerosas delegaciones de Estado y organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron sobre el proyecto en cuestión.

El CETIM, como miembro de la Campaña Global, con la que mantiene una estrecha cooperación, participó activamente presentando numerosas enmiendas, a pesar del intento de la presidencia de aislar a la sociedad civil al comienzo de los trabajos del grupo de trabajo.

Sin sorpresa, los debates en el grupo de trabajo se centraron en parte en el ámbito de aplicación y la responsabilidad de las ETN y de otras empresas en el marco del futuro tratado. Algunos Estados (Ecuador, España y México, entre otros), al igual que los lobbies de las ETN, apoyaron la ampliación del ámbito de aplicación a todas las empresas, tal y como se propone en la versión revisada del proyecto. Francia, aunque apoyó la postura de los lobbies, reconoció que las exigencias previstas serían insostenibles para las pequeñas empresas. Para Argentina, las empresas nacionales ya se rigen por la legislación nacional. La mayoría de los Estados (en especial el grupo africano) rechazó la ampliación del ámbito de aplicación a todo tipo de empresas y defendió que se respete el mandato del grupo de trabajo, que concierne exclusivamente a las ETN y a otras empresas con actividades de carácter transnacional. Rusia y China presentaron numerosas enmiendas y expresaron sus reservas acerca del contenido de algunos artículos.

Según nuestro análisis, el contenido del proyecto revisado aún está lejos de responder a los problemas que plantean las ETN y no tiene en cuenta la mayor parte de las reivindicaciones de las comunidades afectadas. El proyecto revisado incluye numerosas imprecisiones y sigue siendo confuso con respecto al ámbito de aplicación del futuro tratado vinculante, que se aplicaría a cualquier tipo de empresa. Tampoco se hace referencia a la responsabilidad conjunta y solidaria de las empresas matrices en el caso de que las entidades de sus cadenas de suministro cometan violaciones de derechos. El objetivo de estos cambios es vaciar de contenido el futuro tratado. De hecho, la capacidad de las ETN de sortear las jurisdicciones nacionales y escapar a cualquier control democrático y jurídico son las verdaderas razones subyacentes. No hay que olvidar que estos cambios drásticos responden, de hecho, a las exigencias de algunas de las partes implicadas que se opusieron con firmeza a la elaboración de este tratado (el lobby de las ETN y algunos Estados poderosos).

Con respecto a las obligaciones que se enumeran en el proyecto en cuestión, son principalmente responsabilidad del estado-nación. Ahora bien, como todos saben, en el contexto de la globalización neoliberal actual, ningún Estado no está en medida de controlar individualmente las actividades de las ETN, dada su versatilidad económica y jurídica transfronteriza.

De esta manera, el proyecto revisado se aleja peligrosamente del espíritu y la letra de la resolución 26/9 que estipula el mandato del grupo de trabajo. Un proyecto semejante socava y diluye la finalidad inicial del proceso de negociación, es decir, el marco jurídico de las actividades de carácter transnacional de entidades privadas que violan derechos humanos y provocan daños irreversibles en el medio ambiente.

Además, la delegación de Brasil intentó apartar a la sociedad civil del proceso de negociación, presentando una propuesta formal para ello a finales de la semana. Gracias a la firme oposición de los Estados miembro del Movimiento de Países No Alineados, el intento fue infructuoso.

Al finalizar los debates, el Grupo de trabajo le encargó a su presidente que presentara una nueva versión revisada del proyecto de tratado en su sexta sesión. Para el CETIM y la Campaña Global es obvio que en la nueva versión del proyecto será necesario estipular las obligaciones de las ETN y de otras empresas de carácter transnacional si queremos evitar violaciones de derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia de las comunidades y personas afectadas por estas entidades.

Por estas razones, seguiremos movilizándonos para mantener y/o introducir algunos elementos clave en el proyecto de tratado, tales como los derechos de las comunidades y personas afectadas, la responsabilidad conjunta y solidaria de las ETN (empresas matriz) a través de sus cadenas de suministro en el ámbito civil, penal y administrativo, la cuestión de la jurisdicción (Estado de origen, Estado de acogida y el forum necessitatis), un mecanismo internacional de aplicación eficaz y eficiente, etc. Igualmente, seguiremos defendiendo la inclusión de las reividicaciones y propuestas formuladas desde el terreno. En nuestra opinión, el próximo tratado debe obligatoriamente garantizar el acceso de las comunidades afectadas a la justicia, regular de forma vinculante las actividades de las ETN y reafirmar claramente la supremacía de los derechos humanos sobre cualquier acuerdo económico y comercial.

En el grupo de trabajo se está librando una lucha por la justicia social y contra la impunidad de las ETN. El CETIM y la Campaña Global seguirán trabajando para contribuir a la elaboración de un marco jurídico efectivo y eficaz para vigilar las actividades de estas entidades. Igualmente, se trata de construir el derecho internacional desde abajo.

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