El Caso de las Comunidades de los municipios de San Andrés y la Libertad (Guatemala)

Tema 2. Declaración oral conjunta del CETIM y CIJ.

Señora Presidenta,

La situación de los Pueblos Indígenas que viven en los municipios de San Andrés y La Libertad, departamento de Petén continua siendo grave. Estas comunidades sufren frecuentes violaciones de sus derechos humanos, en particular de sus derechos económicos, sociales y culturales garantizados en instrumentos de derecho internacional que fueron ratificados por Guatemala. La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM) constatan que entre las causas principales de la vulnerabilidad de las comunidades se cuentan la extrema pobreza en que viven, la falta de certeza jurídica sobre sus tierras y la negación del derecho de acceso a la justicia. Asimismo cuentan los desalojos forzosos que el Estado ha venido implementando desde el segundo semestre de 2010, la presencia de narcotraficantes en dicha región, la política de remilitarización de la zona, la imposición de estados de excepción y las consecuencias de la exploración y explotación petrolera.

A lo anterior debe sumarse la falta de respeto al derecho a la consulta. A estas comunidades se les niega sus derechos con el argumento que son “invasoras” y que están ilegalmente en una “zona protegida”; en tanto que a la compañía petrolera PERENCO se le prorroga ilegalmente el contrato petrolero y se le permite continuar explotando en dicha zona.

El derecho de acceso a la justicia encuentra serios obstáculos. Ante esta situación la CIJ y CETIM recomiendan:

a) fortalecer la observación internacional en el departamento de Petén con presencia permanente de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG);

b) que se aliente al Estado de Guatemala a aprobar la jurisdicción agraria; a se cuente con un sistema de protección de defensores de derechos humanos, que son frecuentemente perseguidos, y a que apruebe una nueva Ley de Orden Público que regule, de conformidad con estándares internacionales, los estados de excepción.

Muchas gracias Señora Presidenta.