«Il n‘y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé»
ANTECEDENTES1
El 5 de febrero de 1964 la Junta Militar que gobernaba Ecuador entregó una concesión de más de 1.400.000 hectáreas al consorcio Texaco-Gulf para que explorara y extrajera petróleo de las provincias de Sucumbíos y Orellana en la Amazonía Ecuatoriana. Luego, en 1973 redefinió el área de intervención y la situó en 400 mil hectáreas, área en donde finalmente llevó a cabo hasta 1992 la explotación petrolera, la multinacional Estadounidense Texaco, hoy conocida como Chevron2. En aquella época la zona se encontraba habitada por varios pueblos originarios3, que fueron afectados por la labor de la empresa, a tal punto que el pueblo Cofán fue reducido en un 74%4, debido al desplazamiento forzado de sus habitantes y el pueblo Tetete fue exterminado por completo.
En 1993 las comunidades presentaron en Estados Unidos, una demanda contra la petrolera Texaco por contaminación medioambiental y daños a la salud de sus habitantes5. Poco después, a petición de la propia empresa, el caso fue trasladado a una Corte de Ecuador6 en ella Chevron (antes Texaco) fue condenada a indemnizar a los habitantes y tomar las medidas para la recuperación del ecosistema afectado7.
Para la justicia ecuatoriana quedó probado que la empresa perforó más de 350 pozos y excavó cerca de 1000 fosas que utilizó como “piscinas” para depositar los materiales tóxicos utilizados durante la perforación, así como las aguas de formación y otros residuos de su industria, que al no tratarse de manera adecuada fueron a parar a los ríos y lagos de la región.
Por su parte, Chevron ha negado su responsabilidad y ha dedicado enormes esfuerzos y recursos a desconocer el fallo y perseguir a las víctimas.
INTIMIDACIÓN POR PARTE DE CHEVRON
Chevron emprendió una campaña de disuasión e intimidación en contra de las comunidades, sus abogados y las organizaciones acompañantes. Su intención quedó expresa en diversas ocasiones, por ejemplo:
Mayo 3, 2009: el Abogado Principal de Chevron prometió que la petrolera “pelearía hasta que se congelara el infierno y entonces seguiría peleando sobre el hielo”8.
Julio 20, 2009: Un vocero de la compañía manifestó al Wall Street Journal, en relación a este juicio, que “No vamos a pagar y vamos a combatirlo por años sino son décadas en el futuro”9.
Agosto 4, 2008: En la revista Newsweek un lobista de Chevron, cuando se le preguntó acerca la acción legal seguida por las comunidades amazónicas manifestó que: “No podemos permitir que países pequeños se metan con compañías grandes como esta”10.
Chevron ha publicado boletines de prensa en los que promete a los pobladores ecuatorianos toda una vida de litigio si persisten en su demanda11. Las amenazas no han quedado en palabras. Desde hace unos años se intensificaron las acciones tendientes a evitar el pago de su condena, luego de que Chevron contrató alrededor de 60 firmas y 2.000 abogados, agencias de relaciones públicas y lobistas para desarrollar su estrategia, la cual se basa en buena parte en intimidar y amedrentar hasta lograr silenciar a toda persona que intente alzar su voz en apoyo de las comunidades afectadas.
Millones de dólares han sido invertidos en contra de activistas, periodistas, caricaturistas, documentalistas, científicos y abogados, todos perseguidos y acusados por Chevron. Parecería que nadie puede expresarse contra Chevron sin sufrir intimidación de algún tipo.
Varias organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos han condenado este tipo de acciones12, sin embargo la persecución de Chevron no cesa.
A continuación describimos algunas de las actividades realizadas por Chevron con la finalidad de silenciar a los afectados y sus aliados.
Procesos legales para intimidar y callar
Chevron ha impulsado acciones judiciales basadas en prácticas ilegales como el fishing expedition13. Para ello acudió los tribunales de EEUU y solicitó conocer información más allá de los alcances razonables de su demanda, abusando así de la legislación de este país y en particular del procedimiento denominado Discovery, para obtener correos personales, documentos e información en general de determinadas personas14.
Chevron planteó 25 acciones de este tipo, contra abogados, activistas, periodistas, documentalistas y hasta pasantes de organizaciones, en más de 17 jurisdicciones en los EE.UU., los cuales fueron citados para entregar información no específica y ser sometidos a complejos interrogatorios, en los que fueron amenazados con ir a prisión.
Chevron solicitó a Google, Yahoo y Microsoft que identificaran información de los usuarios de más de 100 cuentas de correo electrónico, que se le entregara información de los sitios donde estas cuentas de correo habían sido abiertas en los últimos 10 años. A pesar de no tener éxito, logró intimidar a muchas de las personas.
Producto de esta cacería, Chevron logró la apertura de procesos contra colaboradores de la comunidad como mecanismo intimidatorio y también como mecanismo de obtención de documentos confidenciales que luego entregó ilegalmente a sus abogados.
Las organizaciones que han apoyado a los demandantes ecuatorianos en su litigio han gastado muchos recursos respondiendo a los ataques de Chevron, han tenido que entregar información sobre su funcionamiento e información privada de las personas que colaboran con ellos ha sido revelada.
Libertad de prensa y procesos judiciales contra periodistas y documentalistas
En el 2008 Joe Berlinger15 presentó su documental “Crude” que trata sobre la acción legal seguida por las comunidades contra Chevron y fue proyectado en más de una decena de festivales internacionales16.
En el 2010 la petrolera pidió a un juez de Nueva York que ordene a J. Berlinger entregar todas las grabaciones (sin editar) que no se habían incluido en el filme documental. El juez de la causa, Lewis Kaplan, aceptó el pedido de Chevron y ordenó al documentalista que entregue a Chevron aproximadamente 600 horas de grabación sin editar. Esta orden fue apelada por el documentalista ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Prestigiosos medios de comunicación estadounidenses, incluyendo el New York Times, ABC, NBC, CBS y Associated Press, presentaron un amicus curiae a la Corte oponiéndose a la entrega del material de “Crude”. La Corte de Apelación, sin embargo, hizo caso omiso a este pedido y confirmó la decisión del juez inferior, aunque disminuyó la cantidad de grabaciones a ser entregadas. El documentalista Joe Berlinger fue obligado a entregar 500 horas de grabación en una orden judicial sin precedentes, afectando así la libertad de prensa.
Igualmente el programa “60 minutes” de la cadena CBS17visitó la zona e hizo un reportaje del caso, que fue galardonado con el premio Edward R. Murrow.18 Como respuesta Chevron contrató a un ex periodista de la CNN para que haga una pieza en la que se expusiera los argumentos de la compañía y tres semanas antes de que el reportaje de 60 minutos saliera al aire, la pieza de Chevron fue expuesta como un reportaje independiente. Una vez que el programa 60 minutos fue presentado, Chevron hizo su denuncia ante la Columbia Journalism Review, la cual, basada en los falsos argumentos de Chevron, llamó la atención a CBS19.
Un caso similar padeció William Langewiesche20, periodista de Vanity Fair que en el 2007 realizó una nota sobre el caso y años después de la publicación del reportaje, cuando Chevron obtuvo varios correos electrónicos entre Steven Donziger21 y William Langewiesche, los descontextualizó y comenzó una campaña pública de desprestigio contra el periodista.
Chevron ha contratado periodistas para espiar a los demandantes como lo demuestra el tesimonio de Mary Cudehe22, quien fue contactada por Kroll23, en Bogotá, para infiltrar a los demandantes y realizar un reportaje supuestamente independiente. Una vez denunció este hecho, también fue atacada por Chevron.
Persecución a sus inversionistas
Thomas DiNapoli24, director del Fondo de Retiro del Estado de Nueva York ha sido también víctima de las represalias de Chevron, debido a que el fondo que dirige es accionista de Chevron y desde ahí solicitó un mejor manejo del juicio en Ecuador. En 2012 Chevron presentó una queja contra DiNapoli ante la New York State Joint Commission on Public Ethics25.
Amnistía Internacional (Estados Unidos) ha tenido durante décadas acciones en Chevron. En el 2012 Simon Billeness, un activista parte de Amnistía Internacional fue citado para entregar todos los documentos y correos electrónicos que tenía en relación a su trabajo con los accionistas de Chevron. Le exigieron entregar todas sus comunicaciones con accionistas y agencias de gobierno, así como numerosos documentos y correos relacionados con su actividad en Amnistía Internacional.
El Juicio por Extorsión (RICO)
El 1 de Febrero del 2011, Chevron presentó una demanda en la Corte del Distrito Sur de Nueva York acusando a los demandantes ecuatorianos y sus colaboradores de extorsión26. El proceso presentó irregularidades graves, tales como la parcialización del juez, la prohibición de mencionar en el proceso evidencia relacionada con la contaminación de la petrolera, la aceptación de testigos pagados y la negación a la participación de un jurado.
En la sentencia emitida se considera que las campañas publicitarias, la creación de páginas web, blogs y la realización de pedidos a oficiales del gobierno por parte de las ONG, podían ser parte de una extorsión criminal de estas. Esta sentencia fue apelada el 2 de julio de 2014 ante la Corte de apelación del segundo circuito de Nueva York27.
Varias organizaciones no gubernamentales de EE.UU. han alertado sobre la amenaza que implica la resolución del juez en este caso para el desarrollo de sus acciones. Un grupo de organizaciones incluso ha presentado un amicus curiae a la Corte que va a conocer la apelación28.
Intimidación, persecución y silencio a los consultores ambientales
La consultora Stratus INC29, fue una de las entidades demandadas en el proceso RICO seguido por Chevron. En varios foros, incluyendo el programa estadounidense “60 Minutos”, los científicos que forman parte de Stratus habían expresado su opinión científica respecto a la grave contaminación dejada por Chevron. El que Stratus haya apoyado a los demandantes ecuatorianos y se haya expresado en favor ellos, le ocasionó que Chevron iniciara una agresiva campaña en su contra e impulsara acciones en las que invistió mucho dinero, con el fin de perseguir y desprestigar a Stratus30. De igual forma realizó acciones de cabildeo para que no se le otorgaran contratos del Estado, e inclusive produjo y difundió videos acusándolos de “conspiración criminal.”
Luego de cuatro años de lucha judicial, Stratus entró en bancarrota, y se vio obligado a llegar a un acuerdo de retractación con Chevron31.
CONCLUSIÓN
El litigio que desde hace 22 años siguen las comunidades contra Chevron es un importante referente en la lucha para lograr que las grandes empresas transnacionales se hagan responsables de las violaciones de derechos humanos que cometen, y merece el respaldo amplio de los Estados para garantizar a las victimas el acceso a la justicia y a obtener una reparación por los daños ocasionados.
La ejecución del fallo de la Justicia ecuatoriana representara un importante precedente internacional en favor de los derechos humanos, las comunidades afectadas, la independencia de la justicia y la soberanía de los Estados. El tamaño, poder o riqueza de una empresa no deben ser un obstáculo.
El hecho que las acciones realizadas por los demandantes con respecto a las operaciones de Chevron en Ecuador sean consideradas criminales implica un menoscabo directo al derecho a la libertad de expresión y de asociación así como al derecho a la justicia y la reparación.
El CETIM pide al Consejo de derechos humanos y al Alto-Comisionado para los derechos humanos intervenir ante los Estados Unidos para hacer cesar los ataques de Chevron que violan los derechos fundamentales de los pueblos amazónicos y de sus defensores.
